Una agencia de Naciones Unidas denunció este lunes que la violencia desatada el pasado fin de semana en una ciudad de Bolivia por grupos opositores al Gobierno de Evo Morales fue un atentado a los derechos humanos, con "tinte de discriminación racial".
El pronunciamiento surgió en medio de una vasta polémica provocada especialmente por las agresiones que sufrieron, en la ciudad sureña de Sucre, campesinos que habían acudido a un encuentro con Morales, en el marco de una fiesta cívica regional.
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El mandatario indígena canceló su visita a Sucre, pero esto no impidió que manifestantes opositores llevaran semidesnudos a una veintena de campesinos hasta la plaza central de esa ciudad, donde los obligaron a besar el suelo y a gritar proclamas contra el Gobierno.
"Estos incidentes violentos son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, vulneran la dignidad humana, los derechos a la integridad personal y a no ser sometidos a tratos inhumanos y/o degradantes", dijo en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
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Esta fue la primera condena de un organismo independiente a la violencia política en Bolivia, a poco más de dos meses de referendos revocatorios simultáneos del presidente y los prefectos (gobernadores) de de los nueve departamentos.
El organismo internacional "deplora especialmente el tinte de discriminación racial de los sucesos acaecidos", señaló el comunicado.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió que se castigue a los responsables y llamó a abrir mecanismos de diálogo para bajar la tensión política en Bolivia.
En una serie de actos públicos, el presidente Morales sólo hizo referencias vagas a los sucesos del fin de semana en Sucre, que reavivaron un factor de tensión en su largo enfrentamiento con los sectores conservadores que tratan de bloquear un proceso de cambio de Constitución.
Los dirigentes cívicos sucrenses, alineados con líderes derechistas que desafían a Morales con procesos de autonomía en otros cuatro departamentos, encabezan ya por más de un año una movilización en demanda de que el Gobierno nacional se traslade a la ciudad sureña, en perjuicio de La Paz.
Esa exigencia derivó en disturbios que casi llevan al fracaso a la Asamblea Constituyente, que sesionó en Sucre entre agosto del 2006 y noviembre del 2007 antes de verse forzada a trasladarse a la ciudad altiplánica de Oruro, donde aprobó una nueva carta magna, que todavía no entró en vigencia.
Los departamentos autonomistas, encabezados por el rico distrito agrícola-petrolero de Santa Cruz, rechazan la Constitución "plurinacional" con que Morales quiere dar más poder a los indígenas y sentar las bases de una economía socialista.
