Homónimos causan malestares legales

Registro incompleto de las identidades en juzgados y la Policía afecta a decenas de personas en  el país.

Estadísticas de la Policía del Guayas señalan que entre  enero y mayo de  este año, al menos 50 ciudadanos solicitaron rectificación de antecedentes porque fueron víctimas de un homónimo (tocayo o persona que tenía un nombre parecido al suyo).

Uno de  ellos fue Luis Fernando Gómez Carrión, quien el pasado 13 de mayo no pudo viajar a los EE.UU. para resolver un negocio porque su nombre estaba en el listado de quienes tenían orden de arraigo (prohibición de salir del país), por una deuda con la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Ángel Rubio, juez 1º de lo Penal del Guayas, explica que los homónimos suceden  por la información incompleta que proporcionan los agentes capturadores, “incluso los fiscales, quienes no se preocupan de identificar bien al infractor”.

“¡Revise mi cédula de identidad!”, fue lo primero que le dije, pero la policía que hacía el control migratorio me indicó que esa información no estaba registrada en el sistema informático”, cuenta aún indignado. Desesperado, recuerda, pidió hablar con el supervisor, quien le indicó que “para viajar debía presentar un certificado de la AGD, en el que se garantice que no tenía deuda con ninguna entidad bancaria”.

Gómez, sostiene, estaba siendo víctima de una injusticia por tener un homónimo.

Al empresario, por ejemplo,  la funcionaria que lo atendió en la AGD, horas más tarde de perder el vuelo, le explicó que su problema empezó porque la base de datos que tiene la Policía de Migración, basada en la información que le proporcionan los juzgados, está incompleta. En este caso en el listado de migración solo constaba un nombre y un apellido.

Pero “los problemas no terminaron ahí”, cuenta hoy este perjudicado, pues añade que la representante de la AGD, responsable de firmar el escrito, tenía un permiso médico.

Otro caso, que no solo hizo perder tiempo y dinero sino también “caer un negocio” fue el que experimentó Jorge Emilio Silva Díaz, quien cuenta que la venta de un bien estaba lista, no obstante, como requisito para concretar lo pactado le pidieron un certificado de liberación de gravamen (libre para la venta). Pero cuando acudió al Registrador de la Propiedad para obtener tal documento se lo negaron. Su bien no podía ser traspasado, estaba gravado.

“El negocio se cayó, contraté un abogado para que tramitara el juicio, que duró tres semanas, tiempo en el cual gasté 2 mil dólares en el proceso y honorarios del abogado”, se lamenta el  perjudicado, quien critica que en todos los juicios no consten los dos nombres y apellidos.

Información incompleta
Ángel Rubio, juez primero de lo Penal del Guayas, defiende la labor judicial y más bien indica que estos casos de homónimos, que se dan unos 5 por mes principalmente en el Registrador de la Propiedad,  suceden por la información incompleta que proporcionan los  agentes capturadores, incluso los fiscales, quienes no se preocupan de identificar bien al infractor.

Sin embargo, el art. 168 del Código de Procedimiento Penal indica que toda medida cautelar debe contener los datos personales del imputado o, si acaso se ignoran, “los que sirvan para identificarlo”.

Por esa razón fue que Juan Carlos Aguilar Alvarado experimentó una  amarga  situación similar el pasado 20 de octubre, cuando se acercó a las oficinas de Migración del Guayas para obtener el permiso de salida del país.

Lejos de conseguir ese documento, para él aquel día comenzó la pesadilla que lo obligó a cancelar sus vacaciones en el extranjero y  le hizo perder su trabajo como tripulante de cabina en una compañía.

“En Migración me dijeron que en El Oro, una persona con mis nombres y el primer apellido tenía orden de detención en el juicio 288-2007 y  no podían dejarme salir”, cuenta.

Al conocer que Migración del Guayas no tenía más datos de su homónimo, como el segundo apellido o número de cédula, viajó con su abogado a Machala para demostrar que se trataba de otra persona, pero en la Corte orense le informaron que ese juicio ya no existía, lo que complicó  más su situación.

Hoy, siete meses después de ese amargo momento y amparado con una denuncia en la que deslinda cualquier responsabilidad civil o penal por hechos delictivos cometidos por su homónimo, Aguilar se encuentra a la espera de que Migración emita a la Defensoría del Pueblo la información que le permita establecer que se trata de otra persona, a fín de poder recuperar su trabajo, retomar sus estudios y recobrar la ansiada tranquilidad.

Pero no solo tener nombre similar al de algún imputado en un delito puede traer problemas. Édison Rojas, jefe de archivo de la Policía Judicial del Guayas, dice que también afecta la suplantación de identidad, pues hay antisociales que utilizan los documentos robados para cometer actos delictivos.

Por ejemplo, a David Romero, quien es diseñador, le robaron sus documentos en el 2004. Pese a que denunció el hecho no pudo evitar que le suplantaran la identidad. Cuenta que en el 2006 recibió una llamada de un banco y le indicaron que existía una orden judicial para cerrarle la cuenta bancaria.

“Cuando investigué me enteré que estaba acusado de narcotráfico, porque al parecer envíaba cocaína por Correos del Ecuador”, dice. Quedó liberado del caso tras año y medio de trámites, gastó más de $ 2.400 y tuvo graves problemas de salud.

Procedimiento
Rectificación del récord policial con antecedentes por homónimo

1
Solicitud del perjudicado
Dirigida al Jefe de Archivo de la PJ, donde un agente investigador verifica la fotografía de la persona que estuvo detenida (el homónimo) y registra la solicitud del afectado.

2
Registro Civil
Los agentes investigadores realizan una solicitud al Director del Registro Civil para que remita la tarjeta índice del afectado, y constatar que no se trata de la misma persona que consta con antecedentes.

3
Informe dactilar
El jefe de archivo de la PJ solicita al departamento de Criminalística un informe pericial de las huellas dactilares del solicitante, para comprobar la identidad. En 48 horas se entrega el resultado.

4
Oficio a la Dirección de PJ
Con el récord policial que registra antecedentes, el informe dactilar y la solicitud, se dirige un oficio al centro de cómputo de la Dirección General de la PJ, en Quito, para que se realice la respectiva rectificación.

5
Resultados
La rectificación del récord es reflejada en quince días, aproximadamente, después de la solicitud que se presentó. No se necesita el patrocinio de un abogado y se lo tramita en la Policía.

6
Costos
Solo se paga el costo de envío de los oficios, pues el trámite es gratuito.
Los informes de identificación dactilar se lo solicita en cada provincia donde consta el homónimo de la persona afectada.

Juicio por homónimos
Pasos del proceso judicial

1
Patrocinio de un abogado
Debe contratar un abogado para que realice la demanda de la rectificación al juzgado que dispuso la medida cautelar, a consecuencia de contar con un homónimo con causas pendientes.

2
Documentos de respaldo
Adjunte su identificación: cédula, partida de nacimiento y las pruebas que certifiquen que esa medida cautelar no es suya, como certificado del registrador de la propiedad, certificado de no tener deudas o récord sin antecedentes.

3
Revisión del juicio
El juez encargado del proceso revisa el juicio con los documentos presentados e inspecciona los archivos pasivos (el juicio que ordena la medida cautelar) para constatar la causa.

4
Solicitud de documentos
El juez solicita a las diferentes instituciones (Jefatura de Antinarcóticos, Registraduría de la Propiedad, Jefatura de la Policía Nacional y juzgados) informe del demandante que indique si tiene alguna causa pendiente.

5
Espera de respuestas
El juez recepta las respuestas de las instituciones a las que se solicitó información para esclarecer si el demandante tiene causas pendientes que obligaron a disponer las medidas cautelares.

6
Resolución
Se comprueba que no es la misma persona y el juez ordena la rectificación de la medida. El trámite puede durar meses, depende de la celeridad de las instituciones involucradas y el pago de los honorarios del abogado.

Opinión

Jorge Emilio Silva
Perjudicado
“El negocio se cayó,  duró tres semanas el juicio,  tiempo en el cual desembolsé $ 2.000 en los trámites legales”.