El directorio de Petroecuador posesiona hoy al nuevo presidente de la estatal, el contralmirante Luis Jaramillo, quien fue elegido de una terna de miembros de la Armada.
Jaramillo fue hasta ayer director general de la Marina Mercante, y reemplazará al también contralmirante Fernando Zurita, quien renunció el martes pasado, tras las críticas del presidente Rafael Correa.
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Los vicepresidentes de Petroproducción y Petroindustrial, quienes también son miembros de la Marina, defendieron los resultados de su gestión e indicaron que seguirán en el cargo hasta nueva orden.
Hoy, en el directorio de Petroecuador se conocerá la renuncia de Zurita y se procederá a la posesión del nuevo funcionario, quien fue escogido de una terna conformada además por José Noritz, inspector general de la Armada, y Carlos Moncayo, director de Educación de la Armada.
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Luis Jaramillo recibe a una institución con serios problemas administrativos, financieros y operativos, que provocaron el cambio de autoridades.
Aunque la disminución de la producción petrolera ha sido señalada como la principal razón para la salida de Zurita de la Presidencia de Petroecuador, existen, además, otras razones que aceleraron el deterioro de su imagen. Por ejemplo, se abrieron frentes con los trabajadores petroleros y con el Ministerio de Minas.
La semana pasada, Miller Quiñónez, representante en el directorio de los trabajadores de la estatal, presentó ante la Presidencia, la Contraloría y el Ministerio de Defensa documentos que, a su juicio, prueban falencias en la administración de la Marina. Allí advierte, sobre todo, falta de gestión en la Refinería de Esmeraldas. Para demostrarlo, exhibió una comunicación del 30 de abril pasado del ministro de Minas, Galo Chiriboga, en la que le reclama a Zurita que, a pesar de haber recibido $ 23,5 millones en diciembre de 2007, era evidente que hasta esa fecha el avance de ejecución de obras era del 1%.
El dirigente también denunció el ingreso a la estatal de 400 marinos. Presentó cerca de cien resoluciones firmadas por el comandante Carlos Albuja, vicepresidente de Petroindustrial, en los cuales se nombra a los nuevos funcionarios.
Albuja explicó que el personal de la Marina ocupó cargos de libre remoción (jefaturas y asesorías). Según sus datos, a Petroindustrial ingresaron 20 marinos en servicio activo y 32 civiles. Aclaró que los miembros de la Marina no recibían el sueldo completo, sino la diferencia respecto al cargo que estaban ocupando.
A estos problemas se suman contradicciones entre la política petrolera que había en la Presidencia de Petroecuador y en el Ministerio de Minas. Según Diego Cano, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros, una muestra de ello es la constante divergencia en el tratamiento del campo Armadillo. Mientras Minas había pedido la reconsideración de un informe de Procuraduría que indicaba que era ilegal la entrega del campo, Zurita pedía que se detenga su entrega.
FISCALÍA: Caso Willbros
Indagación
La Fiscalía General inició una indagación previa para investigar un presunto delito de cohecho en Petroecuador, en el que estaría involucrado Jim Bob Brow, funcionario de la petrolera estadounidense William Brothers (Willbros).
La empresa privada Willbros habría entregado sobornos a funcionarios de Petroecuador y Petrocomercial, a cambio de conseguir contratos para dicha petrolera. El ministro fiscal subrogante, Alfredo Alvear Enríquez, dispuso las diligencias procesales.
