El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sacó del cargo de superintendente de Compañías a Francisco Arellano, por cobrar a los empleados aportes para el movimiento oficialista, PAIS.
El presidente del TSE, Jorge Acosta, dijo que Arellano violó la Ley de Partidos Políticos y que los descuentos iban a una cuenta de la coordinadora de logística de PAIS que no consta en el registro como tesorera.
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La disposición del TSE es inapelable y de efecto inmediato. La Asamblea tendrá que elegir al reemplazo.
La resolución del TSE fue celebrada ayer por los empleados de la dependencia, con gritos, abrazos y lágrimas.
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“Arellano desmereció a su amigo, el señor presidente de la República, Rafael Correa (que públicamente lo respaldó y minimizó las acusaciones)”, expresó ayer Santiago Bravo, presidente de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañías (SC), luego de conocer la decisión. Cerca de 50 funcionarios se agolparon con pancartas y gritos en las afueras del TSE.
No obstante, el ahora ex superintendente no asistió a la audiencia de juzgamiento y delegó a la procuradora de la entidad, Lorena Durán, que entregue un escrito, donde solicitó postergar la diligencia “por motivos de fuerza mayor, que son de conocimiento público”.
Según Jorge Acosta, presidente del TSE, Arellano violó la Ley de Partidos Políticos. “El formulario de autorización era casi un preimpreso, con nombres y cantidades preimpresas. Encontramos que por lo menos uno de los ciudadanos sufrió un descuento de su salario, sin que exista firma de autorización”, explicó.
Agregó que el Tribunal pudo comprobar el depósito de los descuentos en la cuenta de Elizabeth Verdezoto, que no consta en el registro del organismo como tesorera de PAIS. “Hemos ordenado que se remita al Ministerio Público para que de creerlo pertinente inicie la indagación que corresponda”, dijo Acosta.
Pablo Tinajero, abogado de la Asociación, señaló que se comprobó la ilegalidad de los cobros a 96 empleados.
En la sesión de ayer, los vocales Pedro Valverde (PSC) y Andrés Luque (Prian) votaron en contra de la destitución; mientras que Andrés León (UDC), Hernán Rivadeneira (PS-FA), Elsa Bucaram (PRE), René Maugé (ID) y el propio Acosta apoyaron la sanción.
La disposición del TSE es inapelable y es de efecto inmediato. La Asamblea Constituyente tendrá que elegir al nuevo Superintendente de Compañías.
El contralor de Estado, Carlos Pólit, aseguró también que investigará otras acusaciones -por irregularidades administrativas- contra Arellano.
