El gobernador de las Galápagos asediado por procesos judiciales

El patrullero frenó a raya. Sus ocupantes, Jorge Torres Guamanquishpe y el cabo Pedro Gaibor, de la Unidad de Policía Ambiental, dieron la orden de alto a dos hombres que, apresurados, caminaban por el km 2 de la oscura vía que conduce de Puerto Baquerizo Moreno a la playa  Pedrial. Eran las 22:00 del 18 de julio del 2006.

Uno de los individuos vestía traje de buceo y cargaba un bolso. El otro llevaba una mochila. Ambos se opusieron a que los requisen e ingresaron furtivamente en la casa de Mercedes Segura, quien dijo no tener ningún parentesco con ellos.

Esto hizo que los extraños se vieran obligados a salir. Se trataba de Diego Ponce Montero y Galo Herrera Estrella. Pese a que regía una veda, ellos tenían en su poder quince langostas rojas, cinco de estas ovadas (hembras en estado reproductivo).

Como se trataba de una infracción a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales, así como a la Ley Orgánica para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos, Ponce y Herrera fueron a parar a la cárcel. Luego de siete días de encierro, el juez 1º de lo Penal, Washington Ortega, suspendió el auto de prisión preventiva luego de que los imputados pagaron una fianza de $ 490.

Cinco meses después del suceso, el presidente Rafael Correa posesionó a uno de los implicados, Galo Herrera, como gobernador de Galápagos, provincia donde uno de los principales problemas  es  la pesca ilegal, por ser Patrimonio Natural de la Humanidad y estar sujeta a un régimen especial.

El caso fue inicialmente difundido por  Gamavisión. El proceso administrativo 081-2006, por aquel caso, está por recibir sentencia en el Parque Nacional Galápagos (PNG), entidad encargada del control y manejo de las islas. Entre el miércoles y viernes pasados, la directora pasó en Quito y el departamento de Comunicación del PNG señaló que es la única que debe referirse al caso, “pero no era posible contactarla”.

Juan Carlos Murillo, responsable de Recursos Marinos de San Cristóbal, quien suscribió el informe entregado a la directora del PNG, Raquel Molina, refirió que hubo el incurrimiento de cuatro delitos. Ambas personas no eran pescadores; regía una época de veda (prohibición de pesca), las langostas estaban ovadas y no se las debe atrapar; y los ejemplares estaban por debajo de la talla legal.

Ahora, Herrera responde que no hubo delito, que aquel día caminaba por la playa y se encontró con unas personas que al verlo abandonaron las langostas y él solo llevaba cuatro ejemplares. Según él, “el artículo 46 del Reglamento de Pesca permite que todo galapagueño pueda pescar hasta cinco langostas para consumo, incluso en veda”. Sin embargo, este marco legal se refiere a los pescadores y él no está registrado como tal.

Un funcionario del PNG, que pide se reserve su nombre, dice que el hoy Gobernador no tiene calidad moral para ocupar un cargo clave. “Cómo puede ser la principal autoridad alguien que tiene un proceso por violar las leyes de conservación”, afirma.

Pero este no es el único caso polémico  que envuelve a Herrera. Él enfrenta siete procesos civiles y penales, en los juzgados de Galápagos y la Corte de Justicia de Guayaquil. Es acusado por injurias, agresión física, daño moral; como ex intendente, por prevaricato, abuso de poder, arrogación de funciones, extorsión e intimidación.

Dos de estos casos ya fueron juzgados. En la querella 02-2006, el juez 1º de lo Penal de Galápagos lo sentenció a seis meses de prisión y al pago de una multa de $ 25 por injurias a Mariana Reveló, ex vocal del Tribunal Provincial Electoral. Herrera apeló el dictamen.

El ciudadano Carlos López Delgado lo acusó de daño moral porque, como intendente, ordenó la clausura de su restaurante y dispuso su prisión en enero del 2005. El juez 1º de lo Penal consideró que la acción fue ilegal y dictaminó que  Herrera pague una indemnización de$ 1.000.

“No me ha pagado aún. Lo que pasa es que soy amigo de su familia y lo que más me importó es que se me haga justicia. Ojalá le sirva de experiencia y cambie por su bien”, señala López.

El martes pasado, en la Presidencia de la Corte de Justicia de Guayaquil debía realizarse la audiencia de juzgamiento del Gobernador, por prevaricato. José Luis Velasco lo enjuició porque, como intendente, intentó en el 2005 clausurar una fábrica embotelladora de agua.

El ministro fiscal del Guayas, Jorge Blum, emitió en este caso el dictamen acusatorio por estar inmerso en el artículo 277 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a cuatro años.

“Van dos veces que se suspenden las audiencias y me preocupa”, dice Velasco, quien pide una indemnización de $ 500 mil, pues indica que Herrera iba a las radios y llamaba a la población a no consumir su agua, que -asegura- contaba con todos los permisos y certificaciones.

El pasado 11 de enero surgió un nuevo cuestionamiento contra el funcionario. La directiva de Alianza País en Santa Cruz pidió al presidente Rafael Correa la destitución de Herrera de la coordinación provincial del movimiento. “Se ha convertido en una persona no confiable y difamadora aun en contra de nuestros propios ideales de cambio”, detalla el documento, suscrito por Reynaldo Carrasco, Manuel Torres, Angélica Tenorio, Daniel Endara y otros dirigentes de Alianza País.

En San Cristóbal, dirigentes barriales, del turismo y la transportación se abstienen de opinar sobre el Gobernador.

PASO A PASO: Procesos Contra Galo Herrera

1. Querella por injurias
El juez 1º de lo Penal de Galápagos, Washington Ortega, sentenció el 17 de diciembre del 2006 a Galo Herrera a seis meses de prisión y al pago de $ 25 de multa en una querella por injurias planteada por Mariana Revelo. Él apeló porque, dijo, no tuvo derecho a la defensa y el caso está en la Corte de Justicia de Guayaquil.

2. Prevaricato y otros delitos
En la Presidencia de la Corte de Guayaquil, con base en un dictamen acusatorio del ministro fiscal Jorge Blum, está a la espera de la audiencia de juzgamiento un juicio por prevaricato, intimidación, extorsión y abuso de poder, planteado por José  Velasco. El demandante pide además una indemnización de $ 500 mil.

3. Por daños y perjuicios
Con fecha 5 de agosto del 2005, el juez 1º de lo Penal de Galápagos, Washington Ortega, dictó una sentencia en la que se condena a Herrera al pago de $ 1.000 por daños y perjuicios.  Carlos López Delgado le acusó de  haber ordenado su prisión en forma ilegal, cuando Herrera era intendente general de Policía de Galápagos.

4. Juicio por daño moral
En el Juzgado de lo Civil de Galápagos se ventila un juicio contra Herrera por daño moral, planteado por Giovanni Viscaíno López, ex presidente del Tribunal Electoral de Galápagos. El demandante solicita una indemnización de $ 10 mil porque, asegura, las denuncias de supuestos hechos de corrupción no se comprueban en el proceso.

5. Agresión física
Carlos Enrique Quimí planteó una demanda contra Galo Herrera, el 22 de noviembre del 2005, por agresión física y daño moral. Lo acusó de haberlo atacado a golpes en las oficinas de la Intendencia de Policía. El hermano de Carlos, Rafael, también presentó otra acusación por el mismo motivo. Un proceso se quedó en instrucción fiscal, el otro continúa en Guayaquil.

6. Otros casos
Un informe del Juzgado 1º de lo Penal de Galápagos, emitido el 13 de julio del 2006, certifica que Galo Salomón Herrera tiene también otros dos procesos en su contra. Uno, numerado como 09-99 (del año 1999), es por injurias. Esta querrella está abandonada. Otra querella, la 24-01, también por injurias, igual está en fase de abandono.