Sin liderazgo político, pero con algunas decisiones acertadas

El perfil de Ana Albán, ratificada en el Ministerio del Ambiente por Rafael Correa, se fue construyendo en este año y medio de presencia en el gabinete de Alfredo Palacio. A partir de allí, es posible afirmar que ha proyectado la imagen de una funcionaria de bajo perfil; pese a lo cual ha actuado con firmeza en algunos de los casos en los que ha debido intervenir.

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Su estreno en funciones públicas no fue fácil: debió, por una parte, enfrentar dos huelgas de los funcionarios del Ministerio; y por otra, corregir errores que respondieron a orientaciones equivocadas al interior de esa cartera.

Tal es el caso del llamado Plan Nacional de Forestación, que no consideró una profunda evaluación de los impactos ocasionados por la introducción de especies exóticas –pino y eucalipto– y la extensión de la siembra de árboles a zonas que son fuentes naturales de agua, como los páramos. Para analistas del sector, Albán actuó “mal aconsejada”.

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Su intervención más firme ocurrió con la negativa a conceder licencia ambiental a la empresa brasileña Petrobras para abrir una carretera e instalar un centro de facilidades petroleras dentro del parque Yasuní; la petrolera debió modificar su plan.

Luego de estos meses, ambientalistas consultados coinciden en señalar que Albán ha avanzado en experiencia.

Además de lo hecho en el caso del Yasuní, se recuerda su intervención  para presionar por una acción estatal más eficaz en los derrames petroleros en el Cuyabeno; igualmente el manejo del nombramiento de director del Parque Galápagos, realizado en un marco de consultas con varios sectores.

Sin embargo, en relación con Galápagos, su intervención en los permisos para la explotación del pepino de mar y las autorizaciones por sobre las normas vigentes para el ingreso del yate Talita G, del magnate norteamericano Paul Getty, y del crucero Discovery MV, procedente de las Bermudas, dejaron algunas interrogantes.

“Es sensible, franca, fiel a sus principios y con gran capacidad de trabajo”, declara su profesora en la universidad Casa Grande, Carolina Portaluppi. Pero para distintos analistas, le falta liderazgo.

No deja de sorprender, por tanto, que haya sido ratificada para integrar el equipo de gobierno de Correa, claramente salpicado de verde.

Cuando llegó a ese cargo en abril del 2005, ella  tenía en su haber la dirección, por varios años, del núcleo de Guayaquil de Fundación Natura.

Como abogada, ha estado vinculada al estudio jurídico Zavala Baquerizo; es propietaria del 21,25% en la compañía limitada Zavala Baquerizo Abogados, de la cual es gerente su esposo, Eduardo Carmigniani, quien fue miembro de la Junta Bancaria en el gobierno de Jamil Mahuad.

Este puede ser un aspecto delicado para Albán, por la fragilidad de los linderos entre intereses privados y públicos.

El estudio mantiene relaciones de corresponsalía con su similar capitalino Pérez, Bustamante & Ponce, que tiene entre sus cuentas a grandes petroleras; y en un momento se habló de la vinculación del bufete Zavala Baquerizo con empresas de palma africana.

“Zavala Baquerizo ha decidido no atender asuntos ambientales mientras Ana Albán sea ministra”, declaró Carmigniani en julio del 2005.

Para llegar al Ministerio fue apadrinada por Lourdes Luque, lo que significaba una de cal y una de arena. Luque facilitó su nombramiento pero llevaba consigo un polémico paso por dicho Ministerio en tiempos de Gustavo Noboa; lo que significó que Albán llegue a esa cartera de Estado con una buena dosis de dudas por parte del sector ecologista.

Si se habla de un “perfil bajo” en el caso de la funcionaria, este respondería  al “perfil bajo” del propio Ministerio, al que se le han ido amputando una a una sus facultades: su vigilancia ambiental en el país se reduce ahora solo a las áreas protegidas, que representan el 43% del territorio.

El perfil de Albán necesitará, para fortalecerse, una definición del nuevo gobierno, tanto sobre el alcance de su preocupación por los impactos ambientales, como por el papel que quiera que juegue un Ministerio que es, en buena medida, una entelequia.

Y tal vez el punto neurálgico y que requiere de decisiones políticas controversiales es el control forestal, ahora desmantelado, desde que en el 2003 un recurso de amparo interpuesto por empresarios madereros echó abajo la complementariedad que existía entre la Vigilancia Verde (resultado de la suma de ONG ambientalistas, Ministerio  y fuerza pública) que actuaba en las carreteras y el control que realizaba la empresa SGS, en el sitio mismo de las concesiones forestales.

Otro tema que también pasa por un liderazgo político es la aplicación del decreto que emitió Palacio para delimitar la zona intangible que protegerá a los pueblos ancestrales dentro del parque Yasuní, declarado por la Unesco en 1989 como Reserva de la Biósfera.

Aunque Palacio acogió la posición del Ministerio y le otorgó a la zona una extensión de 758.051 hectáreas, ecologistas advierten de la falta de recursos para el control.

LO QUE DECLARÓ

Presentó su declaración de bienes el 15 de junio del 2005 al asumir el Ministerio.

Aún no tiene lista la actualización, pero solo ha cambiado un vehículo.

Declaró sus bienes como parte de la sociedad conyugal con Eduardo Carmigniani.

En el 2005  declaró que tiene una deuda con el Banco Territorial S.A.  por $ 430 mil.

También indicó que tenía un título del Bankers Club por $ 10 mil; y una acción en el Salinas Yacht Club por $ 10 mil. El valor de su patrimonio era de $ 880 mil.

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