La visita del presidente electo Rafael Correa a Colombia, prevista para el 22 de diciembre, está en análisis debido a la crisis en las relaciones entre ambos países, confirmaron voceros del nuevo mandatario.
El presidente Álvaro Uribe analiza reanudar las fumigaciones de la hoja de coca de forma manual, siempre y cuando se destruyan 10.200 hectáreas de cultivos cocaleros en Nariño y Putumayo, en la frontera con Ecuador.
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“He hecho el esfuerzo para tener presencia militar en el lugar y, en la medida en que vaya dominando al terrorismo de las FARC, erradicaremos la droga manualmente”, afirmó.
El anuncio lo hizo ayer, y reiteró que la erradicación de los cultivos ilícitos “es un componente indispensable en la lucha contra el problema mundial de las drogas”.
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En tanto, los pobladores de la frontera esperan acciones del Gobierno ecuatoriano.
Para mañana está prevista la primera reunión entre el canciller Francisco Carrión y el embajador del Ecuador en Colombia, Alejandro Suárez.
El diplomático fue llamado a consultas por el Gobierno, como una medida de rechazo a la reanudación de las aspersiones aéreas por parte de Colombia para erradicar las plantaciones de coca localizadas en las zonas de Nariño y Putumayo, en la línea internacional de frontera.
Hoy está previsto el arribo a Quito de Suárez y se desconoce el tiempo que permanecerá en el país o si hay una fecha de retorno a Bogotá.
Asimismo, lamentó el anuncio del llamado a consultas del embajador ecuatoriano, Alejandro Suárez, y expresó su interés en que pueda regresar en la mayor brevedad a Colombia “para ocuparse de las relaciones entre los dos países”.
Esta respuesta se produce a pocas horas de la entrevista del embajador Suárez con la canciller, María Consuelo Araújo, en la que estaba previsto acordar los detalles para la visita oficial del presidente electo, Rafael Correa, cuya fecha se fijó para el 22 de diciembre, pero que con los últimos acontecimientos se podría cancelar según confirmaron voceros del futuro mandatario.
Indocumentados
La posibilidad de que Ecuador decida deportar a colombianos indocumentados o impedir el ingreso de desplazados como medida de presión para exigir a Colombia la suspensión de las aspersiones aéreas en la frontera común se puede desvanecer.
La declaración de Cartagena de 1982 y el decreto 3301 sobre Derechos Humanos suscrito por el país en 1992 bloquean esa alternativa, según el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) en Nueva Loja, Óscar Butragueño.
El funcionario recordó que Ecuador es parte de los acuerdos que establecen la imposibilidad de un Estado para deportar a extranjeros que hayan huido de la violencia y estén en situación de riesgo.
En el 2006, la Acnur de Nueva Loja registró un promedio mensual de 175 solicitudes de refugio. Desde el 2001 hasta la actualidad, en esa ciudad han solicitado refugio 9.335 personas, de las cuales 2.911 fueron reconocidas con esa calidad.
Hace varios meses Acnur emprendió un programa de redes de protección en frontera para informar a la población civil asentada en esa zona sobre las posibilidades, documentos y trámites para la obtención de refugio. De acuerdo con la ONU, hasta septiembre pasado, 42.500 personas solicitaron refugio o asilo temporal en el país. De ese total, según Acnur, 13.200 han sido reconocidas como refugiados.
REACCIONES
Defensor del Pueblo
La Defensoría del Pueblo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte una medida cautelar para obligar a Colombia a que suspenda las aspersiones cerca de territorio ecuatoriano. Con ello se reactiva una solicitud similar efectuada en el 2005.
Cancillería colombiana
La Cancillería de Colombia reiteró ayer –en un anuncio– al Gobierno ecuatoriano “la urgente necesidad de continuar cooperando en el desarrollo de las acciones pertinentes en la lucha contra el problema mundial de las drogas que financian el terrorismo en nuestro país”.
Campesinos
El presidente electo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo (Forcofes), Mario Shingre, anunció que una comisión de esa agrupación llegará a Quito esta semana para analizar el tema y no descartó que se convoque a una asamblea extraordinaria.
Refugiada
María del Pilar Ocampo, una colombiana refugiada, afirma que en la frontera “todos somos desplazados sin papeles. Así que perdemos por ambos lados si se deciden las deportaciones. Solo nos queda esperar que el Gobierno ecuatoriano entienda que no somos el problema”.
Líder comunitario
Demetrio Roa, líder comunitario de Puerto Nuevo (frontera con Colombia), aseguró que si se cumple la amenaza de repatriar colombianos por el tema de las fumigaciones, Puerto Nuevo desaparecería y Ecuador perdería sus ojos en la frontera.
Derechos Humanos
El representante de la APDH, Alexis Ponce, calificó de tibia y reactiva la posición del régimen de Alfredo Palacio, debido a que –según recordó– Colombia no ha respondido a las notas de protesta ni los reclamos verbales de Ecuador por los incidentes en la frontera común.