El ministro ecuatoriano de Defensa Oswaldo Jarrín declaró este miércoles que su país, pese a los grandes esfuerzos que realiza en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, no está recibiendo lo que nos corresponde para cooperar con los objetivos de la seguridad continental.
    
“Ningún país puede hacer esta tarea por sí solo”, dijo Jarrín, poco antes de una entrevista con el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, en el Pentágono, como parte de sus actividades oficiales en Washington para plantear esa y otras preocupaciones ecuatorianas.
  
Indicó que contrariamente a lo que podía esperarse, Ecuador estaba más bien sufriendo   sanciones militares de parte de Estados Unidos debido a que las instituciones del país han ratificado sin cambios el tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI).
  
Igualmente, Ecuador está a punto de no ser ratificado como país beneficiario de las preferencias arancelarias que recibe como participante en la ley de promoción comercial andina, conocida como ATPDEA, junto con Colombia, Perú y Bolivia.
  
También, la Cámara de Representantes aprobó una reducción de 2,5 millones de dólares para Ecuador en las asignaciones dentro de la Iniciativa Andina Contradrogas para el próximo año, al bajar de 19,8 a 17,3 millones.
    
“No podemos tener una sanción en el ámbito militar y no recibir la cooperación militar”, dijo Jarrín en un coloquio matinal en el Diálogo Interamericano, un grupo de análisis regional de Washington. “No hay correspondencia ni coherencia con el esfuerzo que realizamos”.
  
Aclaró, sin embargo, que Ecuador no estaba buscando  una cooperación dependiente de Washington sino   una cooperación por afinidad de intereses comunes.
  
Los países que deseen unirse a la CPI y evadir las sanciones tienen la opción de firmar acuerdos de inmunidad con Estados Unidos que protejan a los estadounidenses, especialmente militares, de la jurisdicción de ese tribunal, una opción que en el léxico diplomático se conoce como   Artículo 98 y que Ecuador ignoró.
  
Jarrín, un general retirado del ejército, dijo que hace 15 días, el congreso ecuatoriano ratificó la Convención Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) y que ya anteriormente lo hizo con las convenciones en la lucha contra las drogas y corrupción, adoptadas en la Organización de los Estados Americanos.
  
Indicó incluso que en su informe sobre terrorismo de este año, el Departamento de Estado reconoce que Ecuador ha realizado   importantes operaciones tanto en tierra como mar en la campaña sin contar con los recursos necesarios para ello.
  
En la lucha contra las drogas y terrorismo, Ecuador no sólo participa con sus fuerzas armadas sino que presta a Estados Unidos facilidades para realizar operaciones de interdicción desde su base aérea de Manta.
    
“Ecuador tiene una estrategia de seguridad que no está en lo militar”, dijo. “La posición de Ecuador es absolutamente diferente a la de otros países porque nuestro esfuerzo en la seguridad es de carácter preventivo”.

Jarrín informó que el mes pasado, las fuerzas armadas realizaron una operación de 15 días para atacar bases de guerrilleros infiltrados en la frontera con Colombia. La movilización de 1.500 hombres, cuatro aviones y dos helicóptero tuvo un costo extra para el presupuesto nacional de un millón y medio de dólares, indicó.
  
La política de seguridad de la frontera con Colombia se basa en apoyar el desarrollo económico de esa zona como   principal elemento de contención y garantizar la presencia del estado y vigencia de la ley, dijo.
  
En este contexto, Ecuador no podía ser marginado de los beneficios de la ATPDEA, que ha garantizado en los últimos 15 años el ingreso libre de aranceles de miles de productos ecuatorianos al mercado estadounidense, agregó Jarrín.
  
La ley -- que también beneficia a Colombia, Perú y Bolivia -- expira en diciembre.
   
Esas preferencias significan apoyar los aspectos que estamos desarrollando especialmente en los sectores fronterizos, dijo Jarrín.
  
El embajador ecuatoriano ante la Casa Blanca, Luis Gallegos, presente en el coloquio, dijo que el gobierno ecuatoriano   espera que el debate (para la renovación del ATPDEA) no se simplifique en Washington.
    
La ATPDEA tiene, en el caso ecuatoriano, implicaciones geopolíticas, de generación de empleo, sociales y económicas, comentó.