Crisis de la Fiscalía no termina con remociones

El concurso de fiscales, realizado entre octubre y noviembre del año anterior, fue la clave para que la fiscal general subrogante, Cecilia Armas, consiguiera el respaldo de funcionarios, que incluso han promocionado su candidatura para ser la titular.

La ministra fiscal, Cecilia Armas, maneja una Fiscalía en la que los cargos han sido asignados en medio de cuestionamientos y adaptaciones en el reglamento que han beneficiado a algunos funcionarios. 

Lleva 14 meses como subrogante y en la última crisis generada en el Ministerio Público del Guayas se vio obligada a realizar cambios en medio de presiones políticas.

Pero el caos en este distrito no terminó con las remociones. Aún se investigan más irregularidades.

Aquel miércoles 7 de octubre de 1987, Cecilia Armas respiró con tranquilidad, como no lo había hecho desde febrero, cuando la Fiscalía General buscaba su destitución.

A partir de febrero de ese año, Armas había sido centro de críticas, pero la Corte Suprema de Justicia la había absuelto de cinco quejas en su contra; una de ellas, por un juicio en el que Armas no reconocía el endoso de un cheque, por el que el fiscal general de esa época, Guillermo Morán Morbioni, exigía la destitución.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no tomar en cuenta el pedido de destitución se basó en el informe de la Comisión de Quejas, que solicitaba que las cinco denuncias fueran desechadas. Los miembros de esa comisión eran Édison Cabrera Vélez y Maximiliano Blum Manzo.

Librada de ese peso, trabajó con normalidad, pero cuando llegó el momento de ser ratificada en el cargo, la Corte Superior de Quito, que nombraba a los jueces, se dividió ante su caso. Entre abril y junio de 1988 hubo tres votaciones, en las dos primeras perdió, pero para la tercera ya no fue nominada. Así terminó su carrera como jueza.

Luego entró en la Corte Superior de la Policía, durante seis años, y después fue asesora de la Corte Suprema, en la presidencia de Miguel Macías Hurtado (1995), hasta que entró al Ministerio Fiscal como asesora el 26 de junio de 1997.

Pasaron cerca de 18 años de aquel suceso para que la carrera de Armas la llevara al puesto de quien pidiera su destitución cuando fue jueza: el cargo de Fiscal General de la Nación, al que llegó como subrogante.

Una vez reestructurado el  Consejo Nacional de la Judicatura, el 6 de marzo pasado, y que este organismo anunciara un concurso de merecimientos para designar una terna para fiscal general titular, a Cecilia Armas le surgió un serio problema en la delegación de Guayas: la exigencia del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de destituir a 17 fiscales que no presentaron acusación en contra de delincuentes.

Armas optó por suprimir las partidas de esos agentes, removió al ministro distrital del Guayas, Walter Tomsich, y puso en su reemplazo a Jorge Blum Carcelén, hijo del funcionario judicial que pidió desechar las quejas que pesaban en su contra en 1987, cuando era jueza.

La titular del Ministerio Público asegura que no conoce a Blum, y que incluso antes de nombrarlo averiguó sus antecedentes con otros funcionarios de la Fiscalía.

Blum ocupó el último lugar, puesto 27, en el acta final del Concurso de Merecimientos y Oposición, realizado en octubre del 2005, para la nominación de agentes fiscales del distrito Guayas Galápagos. Logró 60,50 puntos sobre 100. Fue posesionado en diciembre y como entonces solo habían 19 vacantes, él atribuyó su designación a sus méritos profesionales y a su entrevista final con Armas. Blum era editorialista de radio Sucre, empresa de Vicente Arroba Ditto, concejal del Municipio guayaquileño, del PSC.
“Yo no sabía de eso, pero él (Blum) estaba dentro de los elegibles”, dice ahora la fiscal.

Durante los 14 meses en el Ministerio Público, Cecilia Armas ha sido parte de un engranaje particular. Con su nombramiento, dos funcionarios que debían subrogar a la saliente, Mariana Yépez, dejaron esta institución.

A un mes de que saliera la ex fiscal,  quien debía subrogarla, Jorge López, fue enviado con comisión de servicios al Consejo Nacional de Modernización.

El siguiente en la “línea de sucesión”, Alfredo Alvear, aceptó ser director ejecutivo de la Comisión Anticorrupción (CCCC). Así, Armas asumió la dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, y desde el 14 de febrero del 2005 fue nombrada fiscal general encargada. No inscribió su declaración de bienes, pues señala que la ley dice que deben hacerlo quienes son elegidos para ese cargo.

Un alto funcionario de la Fiscalía que pide no ser mencionado, asevera que este movimiento de gente suponía que Armas solo estuviera unos pocos meses al frente del Ministerio Público, hasta que el Congreso nombrara un fiscal titular.

Pero el Parlamento no aceptó la terna propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura, incluso hubo una demanda en el Tribunal Constitucional por esta acción, por lo que Armas ha actuado al frente de la Fiscalía durante 14 meses.
En esa entidad, los mismos funcionarios que laboraron con Mariana Yépez siguen colaborando con Armas. “Yo respeto la estabilidad laboral”, manifiesta.

La fuente afirma que la fiscal subrogante tiene un carácter que le permite ser amigable con todos, incluso con los de menor rango, lo que no sucedía con Yépez. Lo que la lleva a ser considerada dentro del Ministerio Público. Incluso comenta que hay personajes, como Esteban Moreno, que no tienen nombramiento pero que actúan como nexos políticos.

“Es el contacto de los socialcristianos para iniciar juicios. Fue un asesor de Mariana Yépez, pero sin un cargo. El nombre de él salió a flote en el caso Filanbanco. Ahora las reuniones son afuera, extra ministerio fiscal”, dice la fuente de la Fiscalía. Cecilia Armas, al ser consultada sobre el tema, lo desmiente totalmente, asegura que tampoco conoce a Esteban Moreno.

Sin embargo, al llegar el tiempo de llenar las vacantes de agentes fiscales, hubo la posibilidad de conformar una estructura propia. “Armas planificó para tratar de meter a su gente, y tener mayoría dentro de la Fiscalía”, comenta Patricio Vaca, ex fiscal de Pichincha.

En octubre del 2005 se publicaron las bases, en las que se exigía que los puntajes mínimos para fiscales serían de 15 la hoja de vida, 20 en la prueba escrita y 25 en el examen oral; mientras que para ministro distrital eran de 20, 20 y 25, respectivamente.
Pero, en pleno concurso, se cambiaron las reglas.

Según el artículo 37 del instructivo, un candidato podrá pasar a la siguiente fase, si alcanza el puntaje mínimo. Sin embargo, el 7 de noviembre del 2005, en el acta Nº 0009 para la nominación de ministro distrital de  Chimborazo, consta que Lourdes Pinos es la única que obtuvo los 20 puntos reglamentarios, mientras que Juan Rivera tenía 19, por lo que no podía seguir adelante.

Solo el 15 de noviembre (8 días después), mediante un acuerdo ministerial, se bajaron los puntajes, con lo que se beneficiaron, entre otros, Juan Rivera y Jorge Blum (quien tenía 13 puntos). Armas alega que esto se llevó a cabo por solicitud de los colegios de abogados.

Por estas actuaciones, Patricio Vaca, Wilma Ortega y Verónica Merchán pusieron amparos constitucionales. El primero tramita su demanda en el Tribunal Constitucional. A Ortega y Merchán se les restituyó sus plazas de trabajo en el Ministerio Público, aunque en puestos provisionales.

Así se nombraron 74 fiscales en todo el país, el 23 de diciembre del 2006. El 5 de enero, en el saludo protocolario, el presidente de la Asociación de Trabajadores del Ministerio Público, Héctor Vanegas, dijo que la apoyarían en su eventual candidatura para ser titular de la institución.

En el 2005, la producción de Armas se resume así: despachó tres instrucciones fiscales, según su propio informe de labores. Ahora que quiere ser fiscal general titular, su aspiración se topa con el capítulo de la conmoción en la Fiscalía del Guayas, todo en medio de grandes presiones externas.