El gobierno de Colombia deberá reconocer su responsabilidad, pedir perdón y pagar 5,3 millones de dólares a los familiares de las 43 víctimas de una matanza que ordenó en 1990 el jefe paramilitar Fidel Castaño en la aldea de Pueblo Bello.
Según publicó ayer el diario El Tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en tal sentido la responsabilidad por la matanza ordenada por el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de los habitantes de Pueblo Bello, en el municipio de Turbo, en el golfo de Urabá (noroeste).
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En la sexta condena internacional contra Colombia por hechos de ese tipo, la CIDH tuvo en cuenta que para cometer los hechos, el grupo de paramilitares que llevó a cabo la matanza y desapareció los cadáveres pasó en varias ocasiones por retenes militares sin que tuviera inconvenientes.
“Colombia no adoptó medidas de prevención suficientes para evitar que un grupo de aproximadamente 60 paramilitares ingresara a Pueblo Bello en horas en las que estaba restringida la circulación de vehículos y luego saliera de dicha zona, después de haber detenido al menos a las 43 víctimas, quienes fueron asesinadas”, señaló la Corte.
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La Fiscalía solo ha encontrado hasta ahora los cadáveres de 6 de las 43 víctimas en fosas comunes en la finca Las Tangas.
El Estado se defendió en el proceso al decir que tres de los 60 paramilitares que cometieron la matanza pagaron con cárcel su delito, lo que demuestra que la justicia local sí operó.