Con el objetivo de disminuir las cargas y riesgos laborales en el país ha venido tomando aceptación aquello de “terceriarizar” los servicios de trabajo. Es decir, la empresa A contrata con la empresa B (un tercero) para que sean los empleados de esta los que presten sus servicios a la primera. El resultado es que la empresa A reduce su responsabilidad laboral, que la asumen por completo los directivos de la tercera empresa. De esta práctica ha nacido aquello –nada elegante, por cierto– de decir “tercerizar”, “tercerizado”, etcétera.
Las reacciones que ha despertado el laudo arbitral de la Occidental confirman por qué los inversionistas extranjeros insisten tanto en tener siempre a su disposición la alternativa de recurrir a un tribunal arbitral extranjero para resolver sus desacuerdos con el Estado, cuando se hayan agotado los esfuerzos de una solución amigable. Es decir, lentamente vamos hacia la “tercerización” de la justicia nacional. Pero ya no solo es la confusa maraña legal y reglamentaria lo que asusta sino que es la propia cultura política y jurídica que impera en el país. Y ya no solo asusta a extraños.
Por allí un experto legal invoca como vigente una norma del Código Civil que ya está derogada desde hace siete años con respecto al objeto ilícito; otro le advierte a un ex canciller que deberá responder por permitir que un tratado sea aplicado por una de las partes; otro, que ya le dice a la Occidental que si viene a ejecutar el laudo en el Ecuador se le propondrá la excepción de que viola el orden público interno, sin reparar, entre otros, que el arbitraje proviene de un tratado bilateral; otro que acusa de sospechosa la conducta del árbitro ecuatoriano porque votó en contra; otro que quiere apelar a una Corte en Londres precisamente en violación de un convenio internacional; otro que dizque el tratado no permite arbitrar asuntos tributarios; y todos dan a entender de que si el litigio lo conocían los jueces locales, entonces el Estado lo ganaba, con lo que sugieren que en estas controversias nuestros jueces son vulnerables a la opinión pública y por ende, no serán imparciales; pronto alguien dirá que los árbitros cometieron peculado...
Pero, no solamente se está “tercerizando” la justicia. Ya lo hemos hecho con la moneda desde el momento que optamos por usar la moneda de un tercer país por lo incapaces que fuimos para dirigir un sistema monetario propio. El que tiene y el que no tiene, prefiere volar a un tercer país para hacerse un examen médico, o para estudiar una carrera, o para seguir un posgrado, o para aportar a un fondo de pensiones. Y así por el estilo.
Lamentablemente, muchos de nuestros políticos poco hacen al respecto. En vez de utilizar el arbitraje de la Occidental como una oportunidad para reflexionar sobre sus raíces y rectificar, se dedican a hacer de esto un circo barato. El país, cansado de estos señores, quizás un día decida también “tercerizarlos” a ellos.
