En un armario de la secretaría de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Quito, reposan los 156 cuerpos del juicio 57-2000, por presunto peculado, contra los ex accionistas de Filanbanco, Roberto y William Isaías, así como otros sospechosos.
En la oscuridad del armario de madera, empotrado en una de las paredes del antiguo edificio de Filanbanco (donde ahora funciona la CSJ), hay más de 26 mil fojas; entre ellas está un documento, numerado 9888, en el que el secretario general del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) da fe de que este informe es parte de los archivos del BCE.
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Ese funcionario, Manuel Castro Murillo, también es conjuez de la Segunda Sala de lo Penal y debe decidir sobre el pedido de nulidad y sobreseimiento solicitado por los acusados en el juicio de Filanbanco.
El juicio 57-2000 pasó a la Segunda Sala de la CSJ porque la defensa apeló el llamado a juicio plenario emitido el 19 de marzo de ese mismo año por el entonces presidente de la Corte Suprema, Armando Bermeo. Por sorteo, el proceso pasó a la Segunda Sala el 11 de junio del 2003, es decir hace poco más de un año.
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La Segunda Sala la integran los magistrados Milton Moreno y Arturo Donoso, y el conjuez titularizado Jorge Andrade Lara, que ocupó el lugar dejado por Jorge Américo Gallegos, quien falleció en febrero del 2001. Hasta ahora, el pleno de la CSJ no se ha podido poner de acuerdo para nombrar esta y otras dos vacantes de la Corte Suprema.
El 30 de septiembre del 2003, Andrade Lara se excusó porque cuando se inició el proceso, en el año 2000, había sido nombrado defensor de oficio. Como Andrade no tenía conjuez, su lugar lo ocupó Manuel Castro, a su vez conjuez de Moreno.
El presidente de la Sala, Arturo Donoso, también pidió excusarse. Su esposa, Magdalena Gallegos, firmó un documento como presidenta del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, dentro del juicio. Este se refería a las obras de arte del Museo Nahím Isaías. Pero a Donoso no se le aceptó su solicitud.
Desde que Castro ocupó este puesto, hace unos diez meses, nunca expuso, por escrito, su caso: ser, desde el 3 de mayo del 2000 hasta la actualidad, secretario general del directorio del BCE. Según el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, una de las causas para excusarse es haber sido testigo o secretario.
La CCCC denunció primero
La investigación contra los ex accionistas de Filanbanco comenzó con una denuncia de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción, el 31 de marzo de 1999.
La CCCC presentó a la Fiscalía un estudio en el que dudaba del manejo de los ex accionistas de Filanbanco e incluso presumía responsabilidades penales.
Solo dos semanas antes de ese pronunciamiento, la Fiscalía creó la Unidad Especial de Investigaciones Financieras. El trabajo efectivo de esta unidad en el caso Filanbanco, según uno de sus integrantes de aquella época, empezó en octubre de 1999, con la inclusión del experto en auditoría, Marco Bedoya, y la realización de un estudio en el banco. Su principal conclusión fue que hubo desvío de fondos de los préstamos de liquidez. Bedoya salió de la Unidad en febrero del año 2000.
El 10 de abril de ese año, el director de esta unidad, José Ramón Marín, presentó un proyecto de excitativa fiscal para que la Corte Superior de Guayaquil iniciara un juicio penal contra los ex accionistas de Filanbanco y su ex gerente Juan Franco Porras. Ese mismo día se solicitó a la Policía que vigilara a estas personas. Esta excitativa no fue autorizada por la fiscal general de la Nación, Mariana Yépez, quien se encontraba en Bogotá. Y el 11 de abril se pidió a la Policía que suspendiera la vigilancia. Incluso, Yépez acusó a José Ramón y el fiscal Fabián Almeida de haber filtrado esa información a la prensa. Tres años más tarde, los dos ex funcionarios ganaron un juicio por haber demostrado que fueron separados de sus cargos ilegalmente, por lo que podrán reincoporarse a la institución.
Excitativa definitiva
El 16 de junio del 2000, dos meses después de aquel borrador, Yépez presentó la excitativa contra 26 personas por peculado bancario, ocultamiento y falsificación de información en la administración privada de Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998, antes de que fuera estatal.
El delito de peculado se relaciona con el abuso de fondos públicos, y en este caso se fundamentó en el uso de los préstamos de liquidez (dinero del Estado) entregados por el BCE a Filanbanco, el 14 de septiembre y 28 de octubre de 1998, y que sumaron $424 millones. Las reglas del BCE disponían que esos fondos no debían usarse para conceder nuevos créditos. El peculado se sanciona con reclusión de cuatro a ocho años y no prescribe.
Como entre los sindicados incluyó a los ex superintendentes de Bancos Jorge Egas Peña y José Murillo Batlle, el juicio tuvo que tramitarse en la Corte Suprema de Justicia. Galo Pico, titular de la CSJ, dictó el auto cabeza de proceso el 22 de junio del 2000 y sindicó a los acusados por Yépez.
Mientras todo esto sucedía, los principales sindicados ya no estaban en el país. El 1 de junio del 2000, William Isaías y Juan Franco Porras viajaron a Bogotá; en tanto que Roberto Isaías y Daniel Rodríguez, a Miami. Hasta ahora todos están prófugos en Miami.
La investigación siguió a cargo de la Fiscalía y la Unidad de Delitos Financieros y, legalmente, esta debe terminar dos años después de la excitativa, con un dictamen. En este caso, Yépez presentó su dictamen fiscal el 20 de noviembre del 2002, es decir, a los dos años y cinco meses.
La fiscal se abstuvo de acusar por peculado a los ex accionistas de Filanbanco, porque consideró que el delito era, por un lado, falsificar y ocultar información, y por otro, realizar actos contrarios a los estatutos de una sociedad, por lo que la firma queda imposibilitada de cumplir sus compromisos.
En el primer caso el delito se sanciona con prisión de dos meses a dos años y multa de 31 a 125 dólares; y en el segundo, con prisión de uno a cinco años.
El 19 de marzo del 2003, el entonces presidente de la CSJ, Armando Bermeo, no encontró fundamento en el informe de Mariana Yépez y llamó a juicio plenario a algunos de los acusados.
