El argumento fue que en la resolución de la Junta Bancaria (JB), que permitió este traspaso, se dispuso hacer ajustes y adecuaciones al capital y otras cuentas patrimoniales. Como la AGD utilizó estos recursos que eran de los ex accionistas, estaba en la obligación de devolvérselos de acuerdo con el literal d del artículo 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica (Trole 1).