En el libro del ex superintendente de Bancos, Juan Falconí, Documentos del caso Filanbanco, se incluyeron copias de cuatro documentos de RIC (Republic International Corporation) a favor de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), firmados en julio y diciembre de 1997. Uno de ellos es por $ 829.928,01. Pese a que el libro está en el juicio, los titulares de Flopec (administrado por la Marina), no fueron citados a declarar en el juicio.
Otro documento RIC está anexado en el juicio, pero su beneficiario, Napoleón Junco Patiño, ni el agente que lo negoció, Luis San Lucas, tampoco han sido llamados a testificar.
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Luis Penna, en un diálogo con este Diario, desestimó la existencia del RIC, subrayando que solo existe un certificado que “estaba en garantía de una operación de Luis San Lucas, oficial de crédito (de Filanbanco)”. ¿Cuál es el delito?, se preguntó Penna, para quien si bien es ilegal que RIC captara inversiones sin estar autorizado por la Superintendencia de Bancos, quien tomó el riesgo fue el depositante. Insistió en que muchos bancos internacionales vienen al país a captar dinero con este procedimiento.
Dos ex ejecutivos de Filanbanco de la administración privada, que accedieron a hablar con EL UNIVERSO con la condición de que no se mencionara su nombre, aseguraron que el RIC sí existió y que allí se manejaban cuentas importantes.
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Uno de ellos, que trabajaba en el área financiera, explicó que el RIC permitía captar recursos por grandes montos, para invertir en el extranjero por periodos cortos (de menos de un mes) sin pagar impuestos. Reveló que entre sus clientes se incluían el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Petrocomercial.
¿Por qué no hay tenedores de los RIC que reclamen su dinero? Se le preguntó al otro funcionario, que trabajó en el área administrativa de Filanbanco. Su respuesta fue que “a nadie se perjudicó”, pues se devolvió hasta el último centavo de los RIC. Incluso, después de que el banco pasara al Estado, se abrió una oficina en el edificio del Citibank, en Guayaquil, donde se terminó de pagar a los tenedores de estos papeles.