Fideicomiso AGD, con sobreavalúos

En 1998, el Estado pasó a controlar a Filanbanco para evitar una crisis bancaria y los ex accionistas del banco entregaron bienes en garantía por posibles pérdidas. En junio de 2000 se inició un juicio por presunto peculado en contra de los ex administradores. En 2003, Contraloría determinó sobreavalúo en esos bienes, pero el informe no está en el proceso.

Quito, 28 de octubre de 1998. El Banco Central del Ecuador da un segundo crédito a Filanbanco, que no tenía efectivo para atender a sus clientes. El primero fue 45 días antes, el 14 de septiembre, y el monto de ambos préstamos suma 424 millones de dólares. En esta segunda ocasión, las condiciones de pago son más duras para el banco. Sus accionistas, los hermanos Roberto y William Isaías, y las autoridades sabían que la situación de Filanbanco era muy difícil.

Guayaquil, 28 de octubre de 1998. Desde las 09h00, en el séptimo piso del edificio de Filanbanco, se realizan varias juntas de accionistas de inmobiliarias, de propiedad de la panameña Proempres, cuyo presidente es Roberto Isaías, principal de Filanbanco. El objetivo era autorizar a la representante legal de estas firmas, Magdalena Ávila, “para que constituya un fideicomiso mercantil a favor de la Agencia de Garantía de Depósitos” (AGD). Otras juntas se hicieron el 29 de octubre y el 20 de noviembre de 1998.

Para ese entonces, la AGD no existía. El presidente de la República, Jamil Mahuad, envió al Congreso el proyecto (conocido como Trole I) recién el 9 de noviembre. La mayoría parlamentaria, integrada por la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano (la aplanadora), logró incluso obtener más votos del mínimo necesario para aprobar la ley. Finalmente, la Agencia nació el 2 de diciembre.

El mismo 2 de diciembre, al tiempo que se nombró a James McPherson como gerente de la AGD, la Junta Bancaria resolvió que Filanbanco, entonces el mayor banco del país, pase a manos de la Agencia. El traspaso no fue gratuito. La Junta Bancaria dispuso un plan de reestructuración del banco, redujo su patrimonio ($ 140 millones) a mil sucres, y exigió que los ex accionistas entregaran bienes en garantía, hasta por $ 65 millones, para lo que se tenía que crear un fidecomiso.

Al usar esta figura legal, un tercero (la firma Unión AFPV) administraba estos bienes hasta que una auditora independiente determinara las pérdidas de Filanbanco al 2 de diciembre. Si este monto superaba los $ 140 millones, la diferencia se descontaba de la garantía de los $ 65 millones, vendiendo dichas propiedades. Es decir, el Estado se cubrió hasta por pérdidas de $ 205 millones.
 
En el camino, el monto del fideicomiso subió. El documento fue inscrito el 29 de diciembre de 1998, con el nombre de Fideicomiso AGD. Cuando se firmó, los ex accionistas entregaron $65 millones pero Filanbanco Trust & Banking Corporation (FT&BC), filial panameña de Filanbanco, aportó acciones de empresas y obras de arte por $ 107 millones. Total: $ 173 millones.
 
El directorio de la AGD, reunido el 16 de diciembre de 2000, decidió aprobar que “los 173 millones de dólares aportados por el Fideicomiso AGD sean deducidos de las acreencias que Filanbanco mantenía con la Agencia”.
 
Solo tres años después, el 18 de febrero de 2003, la Contraloría General del Estado determinó “pérdidas” por $ 139 millones en este fideicomiso. Lo hizo con base a avalúos efectuados en el año 2000, solicitados por la AGD y la firma administradora del fideicomiso. El valor total de los bienes entregados llegó a 33’256.349,83 dólares, en lugar de los “$ 172,3 millones”, según el documento, numerado DA1-060-02, al que tuvo acceso EL UNIVERSO (Ver cuadro).
 
Ha pasado un año y cinco meses desde que el Departamento de Auditoría 1 de la Contraloría presentara el documento. Luego se dio otro informe (Nº DA1-088-02) con las mismas conclusiones. La única acción realizada en todo este tiempo fue otro informe de la AGD, del 1 de marzo de 2004, firmado por el auditor Milton Triana, que resumió lo relatado en los dos de Contraloría.
 
No obstante, ni los informes de Contraloría ni de la AGD se anexaron al juicio que se sigue contra los ex accionistas de Filanbanco, Roberto y William Isaías Dassum, en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Su representante, el doctor Luis Penna, aseguró a este Diario no conocer el informe de Contraloría, resaltó que este no forma parte del proceso, y más bien consideró que algunos bienes superan el valor del avalúo.
 
Según el director del Departamento de Responsabilidades de la Contraloría, Mauricio Torres, todavía se realiza un tercer informe para determinar implicados en estas irregularidades. “El informe (de responsabilidades) está aquí, pero aún no sale. No se puede hacer público”, dijo. Tampoco pudo señalar cuándo estará terminado, pues “es muy relativo y complejo”. Legalmente, solo cuando se tiene el informe de indicios de responsabilidades, Contraloría envía el documento a la instancia pertinente.
 
Las dudas sobre el valor real de estos bienes no son nuevas, especialmente sobre el aporte de las acciones de las firmas relacionadas con Puntilla Mall y la urbanización Las Orquídeas, en Guayaquil. Ya en noviembre de 2000, la Intendencia de Bancos del Litoral emitió un informe en el que además de los avalúos de los terrenos y de los locales del centro comercial, consideró los balances de estas empresas a 1998 y 1999. En sus conclusiones señaló que el valor “razonable” de este aporte era de $ 5 millones, en lugar de los $ 77 millones que se reconocieron en el fideicomiso.