Demostrar coherencia interna y lograr el compromiso de las naciones para acelerar el trabajo en contra de este mal, indicó Alí Lozada, delegado ecuatoriano ante el Comité de Expertos contra la Corrupción de la OEA.
La percepción del país como una nación con altos índices de corrupción, la falta de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la no designación del defensor del Pueblo y del contralor del Estado son razones para llamar a las autoridades gubernamentales inconsecuentes en relación al asunto planteado, explicó el director de Auditoría Democrática Andina, José López-Bermúdez.
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En cambio, Lozada explicó que este es acertado porque es una preocupación de los países de la OEA y que el Ecuador no es un abierto incumplidor de los mandatos anticorrupción, aunque tiene sus deudas pendientes.
La Asamblea, que se llevará a cabo del 6 al 8 de junio en Quito, no es la primera en la que los 34 países miembros discutirán sobre la corrupción. La diferencia esta vez, según José Piedrahíta, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, se verá en tres instrumentos y un proyecto de resolución: “Negar la acogida a quienes incurran en actos de corrupción, a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, favorecer la recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus legítimos propietarios”.
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Indicó que el Ministerio Público trabaja en un protocolo para mejorar procesos de asistencia penal internacional y el fortalecimiento de la cooperación judicial en el área de la corrupción.
Valeria Merino, directora de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), organización integrante de la comisión de gestión de la OEA en Ecuador, las asambleas anteriores han abordado las implicaciones de la corrupción en el desarrollo de los países, pero las resoluciones se vinculan hacia el fortalecimiento de la democracia pero no contra la corrupción. Esa sería una de las diferencias, a su criterio.