Los videos de la revuelta en la cárcel Regional reviven el debate sobre ingreso de objetos prohibidos: ¿por qué aún no se logra desterrar el uso de celulares en reos?

Luego de más de dos meses bajo el control de las Fuerzas Armadas, un nuevo amotinamiento se dio en la cárcel Regional, el miércoles 27 de marzo, que dejó un saldo de tres reos muertos y cuatro heridos.

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Este nuevo episodio de violencia abre el debate porque la revuelta fue casi transmitida en directo, es decir, los reos tenían celulares y señal para poder transmitir.

Los usuarios vieron en tiempo real cómo los privados de libertad quemaban colchones y se quejaban por supuestos maltratos por parte de los militares.

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Según el Comando de Operaciones Navales, dirigido por el contralmirante Enrique Aristizábal, no están entrando nuevas armas, explosivos o celulares.

Él dijo en una rueda de prensa este jueves que todavía habría armas, celulares y otros artículos encaletados en la cárcel Regional y que siguen encontrando escondites en techos, paredes y pisos.

“Estoy seguro de que no están ingresando nuevos objetos prohibidos, confío en mis hombres”, sostuvo el comandante, quien añadió que en tres ocasiones han intervenido esa prisión desde el 8 de enero que tomaron el control de las prisiones y siempre hallaron armas y artículos de comunicación en escondites.

Él indicó que en el caso de la Regional hay tres filtros oficiales donde están militares, policías y miembros del Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), pero aclara que para llegar desde la calle hasta las celdas hay que pasar por cinco puertas donde hay uniformados y revisiones.

Sin embargo, el abogado y policía en servicio pasivo Kléver Carrión, quien fundó en 1994 la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), considera que aún no hay un control idóneo en las cárceles, especialmente en la Regional.

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Según él, el incidente del miércoles reveló que los presos aún son fuertes y puede repeler el ingreso de los uniformados durante algunas horas. Esto porque en el pabellón de mediana seguridad los disturbios empezaron a las 19:30 y a las 23:00 se retomó el control, según Aristizábal.

“Si realmente no tuvieran armas los PPL, los militares hubiesen ingresado de una”, comentó Carrión, quien tiene capacitación en tácticas de inteligencia.

El fundador de la Unase no descarta que siga habiendo caletas e incluso recuerda que alguna vez un reo le dijo que para sacar todas las armas de las cárceles tendrían que derrumbar todas las estructuras y volverlas a construir.

Carrión también mencionó que se normalizó la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en las cárceles, pero considera que hay muy poca Inteligencia y recursos.

“Hasta han estado agradeciendo a la empresa privada por apoyar una labor que debería ser del Estado”, dijo el policía en servicio pasivo, quien espera que ya el Gobierno esté buscando alternativas para que al final del estado de excepción no se desate la violencia otra vez.

Quienes siguieron minuto a minuto lo que pasaba en la cárcel también se cuestionaban cómo era posible que tengan internet para estar en vivo emitiendo un mensaje.

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El contralmirante Aristizábal dijo que en ese centro de privación de libertad sí hay algunos inhibidores, pero aseguró que no son suficientes y que ya el Gobierno estaría adquiriendo equipos.

Este Diario consultó al SNAI si la cárcel Regional tiene actualmente inhibidores y cuántas cárceles a nivel nacional cuentan con estos equipos, pero hasta la publicación de esta nota no hubo una respuesta.

En octubre del 2022 en la Asamblea Nacional se reveló que solo dos cárceles ecuatorianas tenían inhibidores de señal, también se dijo que había demandas de vecinos que no permitían su instalación porque eran afectados.

El entonces asambleísta Ricardo Vanegas anunció un proceso de fiscalización sobre la ausencia de inhibidores en los centros de privación de libertad.

El abogado Kléber Sigüencia sostuvo que constitucionalmente la comunicación es un derecho para los ciudadanos y consideró que la colocación de inhibidores sí podría afectar a los moradores que habitan alrededor de un centro de privación de libertad.

Él explicó que dentro de los protocolos de seguridad a nivel mundial, los privados de libertad no pueden tener comunicación con el exterior y que el Estado, por intermedio del SNAI, es quien tiene que garantizar el cumplimiento de dichos protocolos.

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“No olvidemos que entre los moradores de los alrededores -por ejemplo- hay niños y adolescentes que estudian y como herramienta utilizan el Internet”, comentó el constitucionalista.

En 2022, Daniel Montúfar, coordinador técnico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), reveló en la Asamblea Nacional que el SNAI desde el 2018 no había solicitado la colocación de inhibidores en los 36 centros carcelarios que hay en Ecuador.

Además de la instalación de equipos de inhibición de señal, el contralmirante Aristizábal sostuvo que es necesario mejorar la infraestructura total de las cárceles para mejorar la seguridad.

Hasta la tarde de este jueves 28 de marzo los militares continuaban con operaciones de búsqueda y control para verificar los daños en la infraestructura eléctrica, rotura de paredes, orificios, rompimiento de candados y demás afectaciones, sumado a la quema de colchones. (I)