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El correísmo pidió su archivo nuevamente y, con esta decisión, solo resta un pedido de juicio que resolver antes del juicio contra la ministra Ivonne Núñez.
El actual periodo legislativo de transición, por efectos de la muerte cruzada, empezó en noviembre de 2023 y concluirá el 13 de mayo de 2025
Con 5 votos a favor, los miembros del CAL dieron paso al trámite de juicio político en contra de uno de los altos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
El primer juicio lo planteó Patricia Núñez (RC), pero se archivó por retirar la solicitud; este segundo pedido se refiere a las mismas causas.
El archivo lo apoyaron cinco legisladores pertenecientes a la bancada de la Revolución Ciudadana y la suplente de César Umajinga (SUMA-ADN).
La sesión fue citada para el próximo viernes, 13 de septiembre, a partir de las 10:00.
El juez de primer nivel Édgar Romero acogió una acción de protección y dispuso que los tres juicios se tramiten en la Comisión de Fiscalización.
La comisión legislativa preveía conocer la sentencia del juez Édgar Romero que dio 24 horas para que le informen cómo avanza la reactivación de los juicios.
Un juez de Quito acogió una acción de protección planteada por una asambleísta. El fallo escrito aún no es público.
Un juez reactivó tres juicios políticos en contra de exministros, por una acción de protección de Inés Alarcón. La Asamblea anuncia que no acatará.
Un juicio político para que sea sustanciado en la Asamblea debe contar al menos con 35 firmas de respaldo y con el retiro de firmas no se cumple el requisito.
La Comisión de Fiscalización está convocada para este lunes 1 de julio a sesión telemática a las 09:00, para conocer los retiros de firmas en los tres juicios.
El Consejo de Administración Legislativa tiene pendiente la calificación o no de cinco solicitudes de juicio a tres exfuncionarios y dos ministras actuales
La solicitud de juicio tiene 41 firmas de respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana y de Sociedad Patriótica.
El exmandatario recibió una sanción de $ 6.900, 15 salarios básicos, por la designación de Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública.
La Contraloría determinó que habría un indicio de responsabilidad penal en el caso que ya fue enviado a la Fiscalía.
El examen determinó que Corral no debió ser designado funcionario público en el gobierno de Guillermo Lasso, quien también debe pagar una multa de 15 SBU.
El exservidor no podía ejercer como secretario de Administración y Gabinete de Guillermo Lasso por ser accionista de medios que tienen contratos con el Estado.
Corral es accionista de Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., que mantienen contratos de concesión con el Estado.
El presidente saldrá del país el miércoles 1 de noviembre.