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Los jueces electorales Richard González y Fernando Muñoz ejercieron un voto salvado (en contra) del auto de mayoría emitido por otros tres jueces del TCE.
La publicación tiene el respaldo de la Universidad Católica de Guayaquil y de la Corporación de Estudios y Publicaciones.
Su esposo, el jurista guayaquileño Jorge Zavala Egas, murió unas horas antes.
Fue un estudioso del derecho ecuatoriano. Sus áreas de experiencia incluían derecho constitucional, administrativo, tributario, penal, aduanero y ambiental.
El nuevo gobierno tiene el desafío de dar un giro extraordinario al modelo de gestión de los servicios de salud pública.
La comunicadora expresó en redes su apoyo a Paola Roldán, ecuatoriana de 42 años que sufre una rara enfermedad que la mantiene postrada desde hace tres años.
Algunos ‘portales informativos’ abusan del derecho de la libertad de expresión, relizan acusaciones sin más pruebas que conjeturas mal intencionadas.
Como jubilado recuerdo a la ministra que nos negó en el 2017 el pago del incentivo jubilar; luego otros ministros restituyeron ese derecho. Prohibido olvidar.
Nosotros también somos normales, personas, y creativas, luchadoras, emprendedoras.
La Constitución le otorga competencias como autoridad del Estado central en materias de seguridad, educación, salud, migración.
Al Consejo de la Judicatura le corresponde conocer y aprobar la proforma presupuestaria anual de la Función Judicial, como lo consagra la Constitución.
Para recuperar los valores institucionales, el respeto y la dignidad ante el país, se requiere reestructurar la institución.
Me temo que pasaremos un nuevo bochorno en la Corte Interamericana. No podemos seguir así. Escribo este artículo porque llevo la abogacía en el alma y la justic
Por los mediios de comunicación los ciudadanos exigen la atención de los poderes del Estado en salud pública, pensiones jubilares, seguridad.
No admite excusa el hecho de que el presidente Lasso no tenga identificadas a las personas que puedan servir adecuadamente al país en el sector bancario.
Soñé que el consejo directivo del IESS nos escuchaba a los jubilados, los pedidos de aumento de nuestras pensiones.
La Corte Constitucional debe corregir el procedimiento antijurídico del IESS sobre nuestras pensiones jubilares.
Su relación con la cartera estatal, indican, es de cooperantes con el objetivo de realizar actividades sociales que son responsabilidad del Estado.
Un total de 200 de los 270 asilados en el Hogar de la Junta de Beneficencia de Guayaquil reciben una atención integral a precio subsidiado.
El 7 % de la población tiene 65 años o más, según una proyección que no toma en cuenta la incidencia del COVID-19, que ha matado a 24.905 de ellos.