El secretario de la Administración Pública y Gabinete, José Julio Neira, se refirió a las investigaciones que involucran a actores políticos vinculados al correísmo y a la administración municipal de Quito, tras la detención de Luisa González en el marco del caso Laberinto.
En una publicación en su cuenta de X, Neira hizo referencia a una presunta estructura de contratos recurrentes en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), a un supuesto financiamiento de $ 500.000 que no habría sido justificado en la campaña electoral de 2023 y a denuncias por presuntas ‘vacunas’ a servidores y proveedores del Municipio de Quito.
“Una estructura de contratos recurrentes en la Epmmop, financiamiento por 500.000 sin justificar para la campaña de 2023, vacunas a los servidores y proveedores del Municipio de Quito. Todo dentro del mismo exmovimiento político. ¿Sorpresa? Ninguna. Esto no se quedará en el escándalo, esperamos que fiscales y jueces hagan su trabajo con rigurosidad y celeridad”, escribió Neira.
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Su pronunciamiento relaciona políticamente tres frentes que han generado atención pública en los últimos días: el caso Laberinto, las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos municipales de Quito y las denuncias sobre posibles cobros a funcionarios.
El caso Laberinto y los $ 500.000 bajo investigación
La detención de Luisa González en Manabí, el 22 de octubre de 2026, se produjo en el marco del caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos que indaga posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Uno de los elementos mencionados en la investigación es el presunto movimiento de alrededor de $ 500.000 a través de empresas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Según los indicios reportados, esos recursos habrían estado relacionados con gastos electorales que no fueron declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Entre los elementos que se investigan constan mensajes en los que un ejecutivo vinculado a una de las compañías consulta a un contacto identificado como “Aquiles Alvarez 1” sobre el presupuesto de campaña y menciona montos de $ 300.000 y $ 500.000.
La Fiscalía investiga a siete personas dentro de este caso y ejecutó órdenes de detención contra tres. La investigación busca determinar el origen, el movimiento y el destino de los recursos, así como las posibles responsabilidades de los involucrados.
Los allanamientos por presunto peculado en el Municipio de Quito
Otro de los temas mencionados por Neira corresponde a los contratos de la Epmmop. El 21 de octubre de 2026, la Fiscalía y la Policía ejecutaron tres allanamientos en el marco de una investigación por presunto peculado.
Las intervenciones se realizaron en oficinas del Municipio de Quito, en un consorcio ubicado en Rumiñahui y en el despacho de un abogado particular. Las diligencias buscan recabar indicios sobre la presunta adjudicación irregular de dos contratos de obra pública a consorcios privados en 2024, por un monto superior a los $ 4 millones.
Los allanamientos también se extendieron a las oficinas de la Gerencia General de la Epmmop y a las áreas de Secretaría General y Gestión Documental del Municipio.
Por su parte, el concejal de Quito Michael Aulestia afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos de obras y asfalto adjudicados por la Epmmop, por un monto de $ 65 millones.
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Las denuncias por presuntas ‘vacunas’ en el Municipio de Quito
El tercer frente al que aludió Neira corresponde a las denuncias por supuestos cobros a servidores municipales. El activista Juan Esteban Guarderas presentó el 19 de octubre de 2026 una denuncia penal contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por el presunto delito de concusión.
Guarderas sostiene que existirían cobros periódicos a funcionarios municipales, supuestamente destinados a financiar actividades políticas o una eventual campaña de reelección. Según su denuncia, los valores habrían oscilado entre $ 60 y $ 120 mensuales y los pagos se habrían realizado bajo presión relacionada con la continuidad laboral de los servidores.
El denunciante aseguró que cuenta con testimonios y otros elementos, entre ellos videos, conversaciones, audios e información bancaria, que espera sean examinados por las autoridades. Estas afirmaciones corresponden a la denuncia presentada y deben ser verificadas dentro de la investigación fiscal.
Guarderas también planteó un cálculo hipotético sobre el posible monto de los cobros. Si 1.000 funcionarios entregaran $ 80 mensuales, el total ascendería a $ 960.000 al año. Sin embargo, esa cifra es una estimación planteada bajo ese supuesto y no constituye un monto confirmado por las autoridades.
(I)