El pasado 27 de enero el ministro del Interior, Juan Zapata, informó que se dispuso a las gobernaciones provinciales el control de la venta de uniformes policiales. La orden fue que las intendencias de Policía desarrollen operativos en lugares que venden uniformes de la institución para que pidan cédula de ciudadanía e identificación del agente que quiera adquirir la indumentaria.
La disposición tiene su origen en la práctica de antisociales de vestir como la fuerza pública para delinquir. El 22 de enero, antes de la medida, un hombre disfrazado de policía participó en un intento de secuestro en la ciudadela Alborada de Guayaquil. Este fue frustrado por verdaderos policías que llegaron al sitio en medio del forcejeo de la víctima. Todo quedó grabado en videos de seguridad de la vía pública.
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En cambio, videos de cámaras de seguridad del centro comercial ubicado junto a un hotel del norte donde fue asaltada la joyería Galerías Colón, el 18 de febrero, permiten observar que uno de los hombres que ingresan para participar del robo vestía con chompa del eje investigativo de la Policía Nacional, igual que uno que habría permanecido afuera en una moto.
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Hechos como estos evidencian en Ecuador un mercado negro de venta no solo de armas sino de uniformes o réplicas idénticas de estos. Los controles deben ir más allá de los locales formales.
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Quienes transitan por los alrededores de destacamentos policiales o bases militares dan cuenta de que de vez en vez se instalan puestos con réplicas que pueden confundir a un ciudadano.
A los controles de armas deben sumarse con igual rigor los de la venta de indumentarias y accesorios, porque está visto que la avezada delincuencia implementa y planifica sus golpes para despistar a los afectados incluso dando una sensación de seguridad al encajar falsos uniformados.
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El asalto a la joyería alerta de métodos delictivos armados con precisión histriónica y, otra vez, el uso de uniformes que las autoridades no deben ignorar. (O)
