El 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. El violento crimen quedó dolorosamente grabado en videos como para que nadie olvide el grave momento que vive el Ecuador. Once meses después, el 12 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentencia a dos procesados como autor y coautor y a tres como cómplices.
El abogado de la familia Villavicencio, Hugo Espín, anticipa que la sentencia es un primer paso en la investigación global del crimen, pues se debe llegar a la autoría intelectual. Hay mucha razón en sus palabras, la justicia le adeuda al Ecuador establecer y sancionar a quien o quienes ordenaron el asesinato.
Familiares de Fernando Villavicencio esperan que se juzgue a los autores intelectuales del asesinato
La noticia de esta muerte violenta no solo conmocionó al Ecuador, sino a la región y al mundo, que volvió la mirada a este país donde ya se registraban crímenes al estilo sicariato de políticos y ciudadanos, los que no han parado más allá de que las estadísticas de homicidios tienen una baja. Villavicencio era presidenciable, pero también reconocido por sus investigaciones como comunicador y asambleísta y había denuncias de amenazas en su contra, incluso gozaba de protección policial cuando ocurrió el hecho.
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Estos antecedentes obligan a que la justicia no descanse hasta tener una respuesta sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Las dudas y las especulaciones no le hacen bien a la democracia, a la confianza en sus instituciones y a la exigencia ciudadana de claridad. La justicia es imperativa.
Ahora tienen sentencia condenatoria de 34 años y ocho meses de prisión dos autores materiales a los que se impuso una multa de 1.000 salarios básicos unificados ($ 460.000), más un pago por reparación integral de $ 100.000. La pena para los tres cómplices es de doce años de cárcel, una multa de 360 salarios básicos ($ 156.400) y $ 33.000 cada uno como indemnización. No es el fin del caso, la sociedad espera que la justicia complete su trabajo. (O)
