El poder ilimitado es tan peligroso como la perennización en este. El riesgo de que una democracia deje de ser, en ese entorno, es enorme y no hay afectación a la soberanía cuando se lo advierte, más bien es una obligación de la comunidad internacional estar atenta a cualquier indicio de abuso. Una enmienda constitucional aprobada en Nicaragua exige estar alerta.
El viernes pasó en primera legislatura la reforma que amplía de 5 a 6 años el periodo presidencial nicaragüense, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordinará” a los demás poderes del Estado y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa.
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Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación porque se otorga al Gobierno de Daniel Ortega “un poder prácticamente ilimitado sobre la población” y además eleva el papel de la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, al de “copresidenta”, consolidando el poder de la pareja. Por su parte, la oposición, en voz del desnacionalizado Lesther Alemán, pide a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales asfixiar económicamente al Gobierno de Ortega.
No puede haber mutismo internacional ante los cambios pretendidos y en medio de ello es preciso precautelar el bienestar de los nicaragüenses.
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El grupo de expertos de la ONU convoca a la comunidad internacional a instar al Gobierno de Ortega a restablecer la separación de poderes y otros principios democráticos, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales, anota una publicación de la agencia EFE.
Para que rijan las enmiendas deben ser aprobadas en un segundo legislativo. El cambio también establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y permite la intervención del ejército en la acción policial interna si así lo solicita el Gobierno. Nicaragua es signatario de acuerdos internacionales que debe considerar y la voz internacional tiene que escucharse en pro de un pueblo. (O)