El 83 % de los ecuatorianos desconfiaba de la justicia en febrero de 2022, según una encuesta difundida por este Diario. Ese mismo mes el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, destacaba el propósito de “una justicia unida que actúe con transparencia y ética”.
La ciudadanía aspiraba entonces y anhela hoy un Poder Judicial justo. Pero las dudas se manifestaron como un torrente de reclamos –en redes sociales– tras la noticia de que la Corte Provincial de Chimborazo aumentó de tres a trece años la sentencia del cabo segundo de Policía Santiago Olmedo, quien fue hallado culpable de abatir a dos hombres que huían tras asaltar a un menor de edad, en Riobamba.
El delito por el que se condena al uniformado es extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
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Así como los ciudadanos se pronunciaron lo hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso. Consideró injusto el fallo y expresó su confianza de que sea revertido al ser conocido por la Corte Nacional de Justicia en casación.
El mandatario ratificó su voluntad de indultar a los policías que sean “injustamente condenados por cumplir con su deber”.
El caso debe ser analizado en un contexto amplio, pues sus efectos no terminan en el policía sentenciado.
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En este punto se sienta un peligroso precedente: habrá temor a actuar en defensa de una víctima. No está en discusión que los policías deben hacerlo con prudencia, acorde a normas establecidas, y lo que se espera de jueces y fiscales es la aplicación de justicia, sin adornos, justicia.
El punto final tampoco llega con el indulto que se traduce en libertad, no en justicia, y deja un sabor amargo.
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Ya en materia de institucionalidad la crítica puede ser tomada como intervención de un poder en otro, lo que no es saludable, siempre defenderemos la independencia de funciones, pero también el derecho a cuestionar y a exigir la aplicación de justicia con transparencia y ética, como proclamaba en febrero el titular de la CSJ. En juego está recuperar la confianza ciudadana. (O)
