Faltando un poco más de tres meses para que venza el plazo de un año determinado por la voluntad popular, Daniel Noboa creó un comité que se encargará de cumplir lo que decidió el pueblo en la consulta del 20 de agosto del 2023: dejar bajo tierra el crudo del Parque Nacional Yasuní, donde opera desde el 2016 el Bloque 43 ITT.

Gobierno creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT

Dicho comité estará integrado por el Ministerio de Energía y Minas, el del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el de Economía y Finanzas, el de la Mujer y Derechos Humanos, y por Petroecuador.

Y tiene como objetivo principal desmantelar la producción petrolera en esa zona de impresionante biodiversidad atendiendo a las 5′541.585 personas que votaron sí.

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En el decreto se establece una serie de obligaciones de este comité, como articular un plan con un cronograma para desmontar la infraestructura del bloque, que incluya acciones de remediación ambiental y de protección a los pueblos no contactados que viven en el lugar.

Cierre de explotación petrolera del ITT se podrá cumplir en al menos cinco años, ese planteamiento hará el Gobierno a la Corte Constitucional

La idea de evitar la explotación petrolera en el Yasuní tiene más de quince años en el debate público. Surgió en el gobierno de Rafael Correa, que impulsó la Iniciativa ITT, por la cual invitó a la comunidad internacional a pagarle al país una compensación a cambio de no explotar el crudo de la zona y así proteger al planeta del cambio climático. Esto no prosperó y más bien en su administración se inició el trámite para explotarlo. Luego, el colectivo YASunidos promovió una consulta popular con ese mismo fin, que no pasó el filtro del Consejo Nacional Electoral, y estuvo congelada una década hasta que la Corte Constitucional la reactivó aceptando a trámite las quejas de este grupo pese a que el bloque ya estaba en plena operación.

Oposición a los proyectos mineros, un discurso que va escalando en el movimiento indígena

El comité definirá los pasos para acatar la voluntad ciudadana hasta el 31 de agosto del 2024. Será una tarea compleja de la que el Gobierno no puede distraerse ya que implica toda la infraestructura que hay que desmontar, y los mecanismos que debe hallar para mitigar el impacto fiscal del cierre de la operación del ITT, que hoy genera réditos por $ 1.200 millones. (O)