La crisis carcelaria que estaba en vías de control con la intervención de las Fuerzas Armadas tras la declaratoria de Conflicto Armado Interno en enero del año pasado vuelve a alarmar a Ecuador. Una masacre en la Penitenciaría del Litoral dejó al menos 15 muertos y 14 heridos este 12 de noviembre, de acuerdo con reportes oficiales.
Aunque en el gobierno de Daniel Noboa se han registrado conatos de amotinamientos en las cárceles, no se había llegado a los resultados vistos entre 2021 y 2023. El motín más violento en la Penitenciaría del Litoral dejó 31 muertos en julio de 2023.
Desde finales del 2020 hasta el 2023 hubo cerca 500 muertos por masacres dentro de los diferentes centros de privados de libertad del Ecuador. Lo ocurrido la madrugada de este martes, cuando vecinos de la Penitenciaría alertaban de escuchar disparos, obliga al Gobierno a una reconfiguración de las acciones de control. En años anteriores tras los enfrentamientos en las cárceles recrudecía la violencia en las calles, según los entendidos por revancha entre bandas narcodelictivas.
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La fuerza pública con sus órganos de inteligencia e investigación deben actuar frente a patrones o nuevas formas de acción terrorista para que el lamentable enfrentamiento en un pabellón de la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país con una población de 6.800 personas, no traslade sus efectos.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ratificó el martes que la Penitenciaría estaba “bajo control absoluto” de la fuerza pública que incluye a militares.
Determinar qué falló en el control, de dónde salieron las armas utilizadas y cómo se dio la masacre es parte de las indagaciones que se desarrollan y debe haber responsables. A la par, es primordial que se frene cualquier intención de causar pánico y violencia. Las estadísticas de homicidios estaban en descenso, en un proceso que es lento, pero del que todos esperamos celeridad por la paz del país. (O)
