El ciclo educativo Costa y Amazonía cumple su segunda semana y en este lapso cuatro planteles de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) han suspendido las clases presenciales por seguridad. El tema debe preocupar a las autoridades y padres de familia porque no solo implica un cambio de modalidad escolar, sino que evidencia el riesgo en que se encuentran los más pequeños, más allá de que la medida es precisamente para su protección.
Cuatro planteles educativos de Zona 8 se han acogido a clases no presenciales por temas de seguridad
El Gobierno ha dispuesto acciones de seguridad en general. 110 planteles educativos fueron priorizados al inicio del ciclo 2025-2026 para brindarles resguardo policial, tomando en consideración las estadísticas de muertes violentas y por los niveles de riesgo. Estas unidades se ubican en los distritos Pascuales, Durán, Nueva Prosperina, Florida, entre otros.
En otras 1.583 instituciones educativas de la Zona 8, las actividades se mantienen con regularidad.
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Los ministerios de Gobierno y de Educación tienen la tarea obligatoria de ofrecer clases con seguridad a los escolares del país. La educación es un derecho que no puede verse afectado por bandas de delincuencia organizada que operan en diversos sectores.
A su vez, los planteles en los que se ha dispuesto la virtualidad deben tener un acompañamiento estricto para que no se afecte la calidad de la educación. Esto no solo implica la pedagogía, sino las condiciones tecnológicas y acceso a internet en los hogares de los alumnos.
En 130 planteles de Guayaquil, Durán y Samborondón se ha aplicado vacuna contra tosferina
El ministerio ha adelantado que en los planteles ubicados en el distrito 09D08 (Pascuales), en el distrito 09D09 (Tarqui-Chongón), en el norte de Guayaquil, y otros dos en el distrito 09D24 (Durán) se aplica el plan de continuidad educativa, que incluye estrategias y herramientas para continuar el aprendizaje de manera remota o adaptada.
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Hay que velar por que se cumpla a cabalidad con esto, y no sobra recordar que los niños tienen derecho a educación y seguridad y que el régimen está obligado a cumplir con ellos. (O)
