La minería en Ecuador desata las misma discusión que ha provocado en otros países que le han apostado antes por el potencial financiero que representa, así como por su impacto ambiental y los estragos que causan las actividades ilegales en este campo, que generan, según cálculos, alrededor de los $ 1.000 millones de beneficios.
Esta realidad hace que recursos que podrían usarse para el desarrollo del país caigan incluso en manos de grupos de la delincuencia organizada. Además de que produce violencia y gran contaminación, siendo los casos de mayor preocupación lo que ocurre en Camilo Ponce Enríquez, Azuay, o en la provincia de Napo.
En contraste, una reconocida firma de análisis financiero estima que los quince proyectos de minería más avanzados en el Ecuador, en una ventana de 30 años, podrían llegar a producir $ 217.000 millones. Esto representa el doble de lo que ahora es el producto interno bruto (PIB) del país. El estudio también señala que la percepción de la ciudadanía ha mejorado con relación a la minería responsable, por lo que la población se estaría concienciando en que es importante una minería formal para una producción limpia, con cuidados ambientales para la economía del Ecuador, muy afectada actualmente. Pero la Cámara de Minería del Ecuador indica que hay muchas trabas.
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Por otro lado, la corriente ambientalista promueve dejar la naturaleza tal y como está para no contaminarla, y apostar por el cambio de matriz productiva. Sin embargo, también cabe la pregunta de si los proyectos legales y supervisados pueden ser más responsables en este tema y no repetir daños del pasado en otros países, ayudados por la tecnología para establecer métodos menos dañinos.
Este no es un tema frívolo y antagónico de medioambiente vs. economía; se lo debe tratar con madurez y siendo conscientes del contexto actual, que pide más respeto a la naturaleza, pero al mismo tiempo urge de recursos para el desarrollo, sobre todo cuando se quiere un Estado que abarque mejor las áreas de bienestar social. (O)
