Desconectar a la industria por 24 horas afectaría profundamente al empleo y la economía de las familias ecuatorianas. Es la advertencia de la presidenta ejecutiva de la Cámara de la Industria y Producción de Quito, María Paz Jervis, luego que el sábado pasado estuvo en una reunión del Comité Asesor Permanente de energía, según anotó en su cuenta de X.

El fin de semana el Gobierno anunció el incremento horario de cortes de energía. La ministra Inés Manzano reveló un incumplimiento de la empresa que debía entregar 150 MW. Habló de la posible terminación unilateral de contrato, pero también del análisis de contratar “una barcaza” que se encuentra en San Diego. La sequía sigue siendo una condición que juega en contra del Ecuador.

Tienen razón los gremios cuando sostienen que la crisis energética es devastadora para todos y preocupa enormemente porque un panorama laboral como el que advierte la dirigente de la capital es un retroceso en materia de generación de empleo, que es deseable acelere sus pasos, no que se contraiga.

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El promedio mensual de nuevos contratos de trabajo en Ecuador es de 49.785, y los que finalizan promedian 29.881, según un análisis a las cifras de la plataforma del Ministerio del Trabajo de entre enero y septiembre de 2024. En ese periodo las contrataciones fueron 448.069.

El Gobierno presentó una ley de alivio financiero para “proteger la economía y el empleo en el país” en medio de la crisis energética. Es insuficiente según los expertos. Urge solucionar el tema eléctrico para posibilitar la producción, no solo de la industria sino de la microempresa y los comercios grandes y pequeños.

Los escenarios que tiene el régimen no son halagüeños: la mayor fuente de generación es la hidráulica, pero hay una grave sequía; el parque termoeléctrico no ha recibido mantenimiento a tiempo, producir energía es costoso y comprar energía a Colombia está en trámite. Sin embargo, debe darse modos para resolver. La crisis eléctrica es una amenaza para todos. (O)