Este 25 de julio el fallo de un juez reconoció la vulneración del derecho a la educación denunciada por la comunidad de Sinangoe, correspondiente al pueblo indígena a’i cofán. La audiencia requirió intérpretes de lengua a’ingae, conocida como cofán.
La demanda ante la justicia evidencia a padres de familia angustiados por la formación de su comunidad, una buena señal de la sociedad que exige sus derechos y una alerta a las autoridades de educación sobre las condiciones en que acuden a las aulas los niños y jóvenes de los sectores rurales, los más alejados de las zonas pobladas del Ecuador.
Ubicada en la provincia amazónica de Sucumbíos, la comunidad de Sinangoe presentó una acción de protección argumentando que desde 2018, cuando la escuela Río Cofanes fue inhabilitada debido al avance de la erosión del río Aguarico, no cuentan con una infraestructura escolar adecuada, aunque las clases continuaron en espacios comunales.
Publicidad
La organización Amazon Frontlines explica que en seis años de gestiones, exigiendo que se construya una nueva escuela, no hubo una respuesta concreta.
La resolución judicial del jueves pasado conminó a las autoridades educativas del país a presentar en plazo de sesenta días un cronograma para la construcción de un nuevo espacio de aprendizaje y a pedir disculpas públicas, entre otras medidas de reparación.
Todo esto pudo evitarse si las autoridades de los tres gobiernos en funciones durante el lapso transcurrido desde las afectaciones al plantel hubieran escuchado el clamor de una comunidad. Sin embargo, si una lección positiva hay que rescatar de la lamentable realidad, es la preocupación existente por la educación, la búsqueda desesperada de soluciones recurriendo a acciones establecidas en la ley.
Publicidad
Del otro lado, para las autoridades queda pendiente la asignatura de inspeccionar y verificar las condiciones en que se educan los niños ecuatorianos de todos los sectores y actuar a la brevedad para que el derecho a educarse no sea vulnerado. (O)
