La Fiscalía informó el viernes pasado que un tribunal de Ecuador sentenció a trece años y cuatro meses de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una niña de 8 años, nieta de la pareja del agresor. El hecho, por demás repudiable, se denunció en 2023 y la condena llega para recordar que ante los abusos en la vida pública y privada, la única herramienta que tiene la sociedad es exigir justicia severa, justicia que debe funcionar sin diferencias.
En el país hay leyes para ser aplicadas por los tribunales. Recobrar la confianza en las instituciones depende de quienes están al frente de ellas.
En materia de sector público las denuncias sin sustento, o que se quedan en el escándalo de redes sociales como capítulos políticos, se convierten en desinformación y alimentan la incredulidad. Tanto quienes las lanzan como quienes son señalados –en cualquier caso– tienen el derecho y el deber de argumentar, de explicar y de demostrar lo que declaran.
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Es preocupante que en casos de vinculación política se hable de manipulación, que se alimenten el enfrentamiento y el descrédito. Lo correcto es presentar hechos, pruebas, que se conozca la verdad y la justicia actúe. Lo mismo a nivel privado.
El país no carece de normas para sancionar la corrupción, la violencia intrafamiliar, el acoso, la difamación, el crimen organizado o la vulneración de derechos. Si es el caso deben reformarse y ser más severas, incluso por nuevas formas de delito. La gente tiene que sentirse segura para denunciar y que haya voluntad de hacer cumplir la ley con transparencia.
El desafío es hacer justicia, actuar con coherencia. El país merece autoridades confiables, que respeten a los ciudadanos, porque el show y el insulto no aportan. Se puede denunciar y exigir transparencia en el marco de la ética.
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El país no está en capacidad de tolerar más abusos. Gobernar, fiscalizar, sí, cuidando al ciudadano, las libertades, protegiendo a los más vulnerables y defendiendo la verdad. Las leyes deben aplicarse para todos. (O)
