El anuncio del Gobierno sobre la ampliación de días de corte de energía eléctrica genera incertidumbre nacional. Lo grave es que no hay claridad respecto a si el apagón de ocho horas diarias entre el 23 y el 26 de septiembre, sumado al de este miércoles-jueves, se convertirá en una programación continua. Lo que sí anticipa el régimen es que el país vive el peor estiaje de los últimos 61 años.
El ministro de Energía, Antonio Goncalves, explica que cada semana se revisará la situación hidrológica. Depender de la naturaleza ha sido la constante de los últimos años, y los lamentos no solucionan nada. Urge emprender en medidas que realmente resuelvan, como reza el eslogan gubernamental.
El pasado 10 de enero, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Competitividad Energética, denominada Ley No Más Apagones, con el objetivo de promover la inversión del sector eléctrico para incrementar la oferta de generación de electricidad.
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El marco legal existe desde hace ocho meses y, como cualquier otro proceso, requiere de tiempo, pero las circunstancias exigen celeridad. La incertidumbre del sector productivo y de la ciudadanía se acrecienta mientras no haya información oficial. Transparencia y sinceridad es lo que espera la población.
Los apagones traen más motivos de desasosiego e incluso angustia. Causa sorpresa escuchar a un comandante de Policía decir que se deben comprar silbatos para que suenen en casos de emergencia ante la desconexión de las alarmas comunitarias por el corte de luz. La recomendación, sin embargo, alerta de la necesidad de estrategias de protección general.
El Estado es el responsable de los servicios y de la seguridad. El toque de queda se decretó para seis provincias (Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Orellana) y el cantón Camilo Ponce Enríquez, de Azuay. Mas las decisiones deben traer resultados para el beneficio de todos, y la transparencia debe ser el antídoto para la incertidumbre. (O)
