El titular de este editorial podría relacionarse con algún superhéroe de ficción, pero se refiere al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el que fue elegido el 11 de abril de 2021 con el 52 % de votos válidos para cogobernar con una Asamblea Nacional que el pasado 17 de mayo disolvió y se convirtió así en el primer mandatario del país con hiperpoderes constitucionales.
No hay discusión en torno a la legalidad del decreto de la muerte cruzada. Lo corroboró la noche del 18 de mayo la Corte Constitucional (CC), que inadmitió seis demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 741, que disponía la disolución de la Asamblea Nacional.
El uso de los hiperpoderes está normado en el Ecuador, y es ahí donde aparece el gran desafío del presidente. Hoy tiene la facultad de gobernar por decreto; los de carácter económico requieren el visto bueno de la CC. La Constitución le otorga competencias en materias de seguridad, educación, salud, migración.
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Colaboradores del jefe de Estado anticipan que no hará uso abusivo de las potestades de sus superpoderes. Es un criterio racional, justo para Ecuador. El régimen debe trabajar en atender prioritariamente las necesidades de la población.
El presidente puede lograr cambiar la percepción hacia él, pero lo más importante: sin una oposición legislativa, así como establecer normas que beneficien a la ciudadanía precisamente en los campos de su competencia según la carta magna y que coincidentemente son un clamor: seguridad, salud, empleo, educación.
Sus primeros decretos han ido encaminados a aliviar el peso económico de la clase media.
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Las expectativas son altas, y las necesidades y problemas ciudadanos, muchos; pero es arriesgado expresar que en seis meses se buscará hacer lo que estaba planificado para dos años, como dijo un funcionario. Gobernar con firmeza, mesura y dedicación, apostando por la unidad que tantas veces ha invocado, traerá resultados positivos para todos en un escenario ya electoral. (O)
