Han pasado casi once meses desde el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de la República. El hecho ocurrido en agosto de 2023 quedó grabado no solo en videos sino en la democracia ecuatoriana, sin embargo, los autores intelectuales siguen en libertad, pues no se han determinado y los autores materiales aún no son sentenciados.
El pasado 20 de junio familiares y seguidores del también investigador de casos de corrupción desde su función de periodista y asambleísta reclamaron celeridad en el proceso judicial con un plantón. El que este caso no quede en la impunidad es misión de la Función Judicial y todas las instituciones del Estado deben estar vigilantes al tema.
El crimen de Villavicencio marcó a la democracia ecuatoriana y así es entendido. Un adagio popular dice que justicia que tarda no es justicia y si bien los funcionarios judiciales tienen que manejar el caso con responsabilidad, también están obligados a dar resultados con diligencia.
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Las próximas elecciones presidenciales están previstas para el 9 de febrero de 2025 y ya hay una precampaña presidencial. No sería prudente que el proceso judicial ni la figura del político sean utilizados como parte de la campaña proselitista por respeto a su familia y al Ecuador. Pero en ese mismo contexto corresponde a la justicia acelerar su trabajo para dictaminar qué, quiénes y por qué se asesinó al candidato presidencial a solo días del debate y las últimas elecciones extraordinarias.
La audiencia de juzgamiento de los cinco acusados en calidad de autor directo (1), coautor (1) y cómplices (3) está prevista para este martes 25 de junio. Se aspira a que no haya un nuevo diferimiento y que pronto también se conozca y sentencie a los autores intelectuales por justicia y democracia. Los ecuatorianos requieren, exigen, que la impunidad no reine en este ni en tantos otros casos que llenan de dolor a la población. La seguridad también se construye desde la justicia. (O)
