Al presidente de la República, Guillermo Lasso, le tomó 39 minutos, de las tres horas que disponía legalmente, refutar a sus interpelantes en el juicio político que se le sigue en la Asamblea Nacional. Es acusado de peculado por el contrato de transporte de petróleo entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tankers Pool, que se suscribió en 2018, antes de su administración.
La incertidumbre política empuja al riesgo país al alza. Este es uno de los primeros efectos visibles de la lucha por el poder que observan los ecuatorianos.
El 14 de mayo pasado, fecha en la que se iban a elegir autoridades de la Asamblea, el indicador se ubicó en 1.692 puntos y al día siguiente en 1.759, una subida de 67 puntos. Hoy se conocerá cómo reaccionan los mercados a la interpelación y defensa del mandatario que se desarrolló ayer y en los días posteriores se verá el efecto por el desenlace del juicio político.
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Según expertos, con un riesgo país alto el financiamiento externo es inviable.
En su alocución en el Parlamento, el presidente también advirtió un impacto: “Lo que está en juego no es meramente la viabilidad de un gobierno, sino del Ecuador como Estado”.
Refiriéndose a la inseguridad preguntó si no sería más sensato apoyar al Gobierno en una lucha que requiere unidad antes que “un inútil conflicto político”. Y se sintonizó con los ciudadanos que exigen una vuelta de timón en beneficio de la vida, del empleo, la salud, la educación, la vivienda, todos los problemas que esperan por solución, mientras en el Legislativo hay una disputa por el poder.
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El examen de conciencia y la rectificación de los que habló el presidente para la Asamblea y el Gobierno son ineludibles, son una exigencia para los dos poderes. Los ciudadanos aspiran a una actuación transparente, que la justicia y los principios marquen el camino de los protagonistas de este juicio político. Solo ellos son los responsables, sin futura justificación, de cómo se escribe esta historia y de los efectos para los ecuatorianos. (O)
