Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, tiene dos vicepresidentas de la República. Las decisiones políticas hacen pisar ese suelo: el gobierno de Daniel Noboa designó a Sariha Moya como la vicepresidenta encargada luego que el viernes Verónica Abad fue suspendida 150 días por una acción administrativa impuesta por el Ministerio del Trabajo.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dijo la mañana de este lunes que “la casa militar presidencial está realizando los trámites para que la seguridad de la exvicepresidenta sea retirada”. En la tarde en un comunicado las FF. AA. anotó que tras un análisis “se continuará brindando protección” a la vicepresidenta Abad. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, recalcó que ella no está inhabilitada sino suspendida.
Lo cierto es que de momento hay una vicepresidenta encargada y una vicepresidenta elegida en las urnas suspendida. Menuda confusión la del jefe del Comando Conjunto, pero cómo culparlo si desde el Gobierno se sustenta en la Constitución la decisión de encargar la Vicepresidencia (artículo 150), la misma Constitución que según varios juristas y políticos ha sido violentada al aplicar un sumario administrativo a la segunda mandataria, a quien, dicen, solo puede destituir la Asamblea Nacional y aunque no se utiliza ese término desde el régimen, para los fines está fuera del cargo, ‘temporalmente’ como señala la ministra. Hay quienes van más allá y concluyen que en tres meses se efectivizará la salida, con ‘la aplicación de la ley’.
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Los ecuatorianos requieren claridad en medio de tanto caos. Una crisis política no soluciona la difícil situación que afronta el país, al contrario, es solo un nuevo elemento de debate, polarización y dudas. Las leyes van más allá de las personas y deben ser transparentes, en general el manejo de la cosa pública. Aquí no hay defensa ni ataque a funcionario alguno, solo una profunda necesidad de que se garanticen los derechos y no se añada confusión. La Constitución habla de un vicepresidente, tenemos dos. (O)
