El desperdicio de alimentos en Ecuador es una realidad invariable y no porque sea un país donde sobren los recursos. En mayo de 2022 se oficializó la Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las Personas en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria, sin embargo, la falta de un reglamento la convierte en letra muerta.
En Ecuador se desperdician 939.000 toneladas de alimentos al año, lo que significa un perjuicio de 334 millones de dólares, según los últimos datos disponibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El Ejecutivo está en deuda del reglamento para viabilizar la aplicación de la ley que tiene como propósito “la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos” en todos los niveles: desde la producción, procesamiento, distribución, comercialización e incluso importación.
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La desnutrición no es un problema desconocido para el Gobierno, de hecho ha implementado con decisión políticas para combatirla. En la aplicación de la ley para reducir el desperdicio de alimentos, con el respectivo reglamento, tiene un aliado en esta lucha. Está a tiempo. El sector privado se ha mostrado abierto a donaciones y tiene programas para evitar que productos se dañen en sus perchas cuando pueden ser de utilidad en centros de ayuda a personas vulnerables, es el caso de Tía, Supermaxi y otros.
La aplicación de la ley ampliará las posibilidades hacia otras compañías y fábricas. Además del reglamento, que depende del Ejecutivo, hay otro tema pendiente que contribuirá. Se trata de la iniciativa de acopiar frutas, vegetales, verduras, hortalizas y productos que donan los comerciantes del Terminal de Transferencia de Víveres (TTV), donde voluntarios del Banco de Alimentos Diakonía acudía a retirarlos mediante un convenio con el Municipio de Guayaquil que está en trámite de ratificación.
Contribuir a reducir el hambre es compromiso a asumir desde todos los sectores, sin demora ni conflictos. (O)
