Débil control en las universidades

Al tratarse de entidades públicas y de educación debe haber rigurosidad en el control .

Universidad Central de Quito. **Foto: El Universo**

6 de noviembre, 2024 - 18h08

El hecho de que un profesor de la Universidad Central haya cobrado salario por un año y cinco meses sin asistir a este centro de educación superior, cuya sede es en Quito, evidencia la falta de filtros internos para detectar posibles actos de corrupción.

Un informe especial de la Contraloría General del Estado (CGE), publicado el 22 de octubre pasado, da cuenta de actos de nepotismo, salarios excesivos y contrataciones injustificadas, entre 2019 y 2024, en la Universidad Central, la segunda con más número de alumnos del país.

El profesor recibió $ 51.125 correspondientes a su sueldo, pero no hay pruebas de que dictó clases entre enero de 2019 y mayo de 2020. Incluso, dentro de ese periodo se registra que laboró en el Consejo Nacional Electoral, según la Contraloría.

“La falta de supervisión en los contratos y en los horarios laborales hizo que la actividad académica interfiera en sus obligaciones administrativas”, dice la CGE que señala otros casos en el reporte.

El art. 355 de la Constitución indica que las universidades y escuelas politécnicas gozarán de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica.

Este principio de autonomía debe ser asumido con responsabilidad por parte de las autoridades universitarias para el manejo ético y óptimo de los fondos públicos que reciben del presupuesto estatal.

Un artículo de la Universidad de Cuenca resalta la implementación de la autonomía con “un equilibrio entre la independencia académica, la necesidad de transparencia y la responsabilidad ante la sociedad”.

Más allá de este principio están el Consejo de Educación Superior, que regula al sector, y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que ejerce la política pública, las que bien podrían actuar de filtro alternativo para prevenir estas irregularidades.

Al tratarse de entidades públicas y de educación debe haber rigurosidad en el control y una verificación general para constatar que hechos como el descubierto por la Controlaría no se estén repitiendo y se defraude al Estado. (O)