En una entrevista con este Diario, el director del Consejo de la Judicatura en Guayas, Óscar Andrés Guerrero, revela las falencias con las que se debe desarrollar el trabajo del organismo en la ciudad que concentra la tasa más alta de criminalidad del país.

La misión del Consejo de la Judicatura, según su página web, es “garantizar la gestión de los servicios de justicia en los órganos que conforman la Función Judicial, con imparcialidad, independencia, efectividad y transparencia; con el fin de erradicar la corrupción e impunidad generando confianza en la ciudadanía”. Para cumplir con su labor, al igual que cualquier otra entidad, requiere las condiciones mínimas de servicio y tecnología.

En la provincia del Guayas, la Judicatura cuenta con 51 edificios que en su mayoría reflejan los efectos del último periodo invernal: humedad, paredes corroídas y espacios sin un apropiado sistema de climatización; faltan acondicionadores de aire y hay presencia de moho, que destruye los expedientes, ha detallado el funcionario. El déficit de jueces llega a 160 recursos, de acuerdo a los estándares internacionales, pues actúan 382.

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Atender la justicia es imprescindible, más allá de los cuestionamientos a malos funcionarios que deben ser removidos y que están en investigación en diversos casos de trascendencia.

Una depuración siempre tendrá el apoyo ciudadano; pero es necesario que, para servir a la sociedad y dictaminar los casos, haya condiciones adecuadas.

Según el titular del Consejo de la Judicatura, en Guayas actualmente reciben un presupuesto de $ 56 millones, pero para que todo funcione más o menos bien necesitan $ 94 millones; o sea, el déficit es de $ 36 millones. De los $ 56 millones, el 92 % se va en pagos de remuneraciones a 1.756 servidores judiciales y el 8 % en gastos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y de los servicios básicos.

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Es primordial que se revisen el presupuesto, gastos y necesidades para que con transparencia se resuelvan y mejoren los servicios en este organismo. (O)