Los últimos eventos que han sacudido al Ecuador marcan un hito doloroso. Ellos constituyen un nuevo capítulo en ese proceso que lleva ya algunos años y que busca normalizar a la violencia colectiva como fórmula de expresión política.
Los dos levantamientos indígenas, el de 2019 y el de 2022, liderados por una camarilla de terroristas son un claro ejemplo de este fenómeno.
En esa ocasión buena parte de la capital del país fue incendiada y destruida. La Contraloría General del Estado fue arrasada.
Los responsables de estos hechos no han pagado por sus actos. Cuando en 2022 fueron llamados a declarar dentro de las investigaciones que se iniciaron, dijeron que no entendían el español y salieron libres bajo la protección de la Constitución de Montecristi.
Tanto se ha normalizado la violencia que uno de los líderes del saqueo que sufrió Quito hoy es candidato a la Presidencia de la República. Como si nada, habrá ahora que financiarle su campaña electoral.
El pedido que han hecho algunos, de que en aras de la paz social ya no hay que hablar más sobre esos episodios de violencia que sufrió Quito, es la prueba irrefutable de que caminamos a aceptar como ordinario el uso de la violencia. No solo que gozan de impunidad legal y legitimidad política. Ahora hasta se busca que nos olvidemos de lo acontecido. No quieren que nos acordemos de que sus actos de terrorismo costaron al país miles de millones de dólares; recursos que bien se pudieron invertir en mejorar el sistema de transmisión eléctrica, por ejemplo.
Los incendios que acosaron a la capital y a otras partes del país hace pocos días van en la misma dirección. En breve serán cosas del pasado. Solo los responsables de semejantes actos y un par de ingenuos por allí pueden sostener que esos incendios fueron obra de la casualidad. Pero seguiremos ese mismo patrón de normalización de la violencia: impunidad, legitimidad y olvido. Es el mismo círculo infernal de la corrupción.
En el pasado los actos de corrupción eran materia de vergüenza. Hoy ya no lo son. Comenzaron diciéndonos que la corrupción no era relevante, que no da votos, que el pueblo lo que pide es trabajo, que si se roba lo único que hay que hacer es hacerlo bien y hacer obras, y así por el estilo. Por supuesto que la mayoría de los líderes políticos jamás se empeñaron en educar a la ciudadanía para que haga conciencia de que existe una fuerte conexión entre pobreza y corrupción, una conexión que es confirmada una y otra vez por estudios económicos serios.
El resultado es que la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado se han ido tomando el Estado de forma lenta pero efectiva. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos que despliega la actual fiscal general del Estado, la Dra. Diana Salazar, el país parece condenado a ser gobernado por estas fuerzas destructivas.
Lo que necesitan ahora es tener nuevamente a un fiscal que sean un títere de sus intereses. Y hacia allá nos están llevando. En fin, no podemos permitir que por miedo o comodidad la violencia se normalice en el Ecuador. (O)
