Uno de los episodios más dramáticos de los evangelios ocurre casi a su final, cuando Jesús entra en el Gran Templo de Jerusalén y derriba violentamente las mesas de los mercaderes, denunciando a la élite sacerdotal: “Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones” (Mc. 11:17). Este feroz ataque fue dirigido contra quienes cometieron uno de los sacrilegios más graves: transformar a la esfera religiosa, una de las experiencias más sublimes del ser humano, en una simple mercancía, una forma de hacer que el dinero produzca más dinero. Estas duras palabras de condena, por lo tanto, no solo son aplicables para los mercaderes de la fe, sino para todos aquellos que mercantilizan aquellas cosas que el ser humano debe ver como sagradas.
En particular, estas palabras son perfectamente apropiadas para denunciar el lamentable estado de la justicia en Ecuador. Jueces corruptos, abogados mafiosos, autoridades indolentes y políticos cómplices han trabajado de la mano para transformar nuestras cortes y tribunales en cuevas de ladrones. La justicia, precisamente uno de esos sublimes ideales que el ser humano debe venerar como sacro, se subasta todos los días al mejor postor. Sentencias a la carta, que violan toda ley y toda lógica, son dictadas sin empacho por jueces que se creen intocables, pues saben que la podredumbre del sistema ya está demasiado normalizada como para que alguien se moleste en hacer algo. Y si por milagro alguno de estos jueces llega a ser sancionado o destituido, ¡no hay problema! Solo presenta una de estas famosas “acciones de protección” ante otro juez corrupto en Yaguachi, Manglaralto o quién sabe dónde y en poco tiempo recupera su cargo. Así, el círculo infernal se completa: jueces criminales que cubren las espaldas de otros jueces criminales, prostituyendo la justicia y riéndose en la cara de todos los ecuatorianos honestos.
Diana Salazar merece un aplauso de pie por ser una de las pocas autoridades de este país que se han tomado en serio el trabajo de limpiar la porquería que pulula en nuestros tribunales. La patria le debe una gran deuda por ello. Pero los esfuerzos de una sola autoridad se quedan cortos frente al tamaño de la tarea. La cueva de ladrones es simplemente demasiado grande. Solo con el compromiso de todos los juristas, funcionarios y ciudadanos honestos podemos drenar la cloaca. Es necesario que los abogados no solamente ejerzamos nuestra profesión con rectitud, sino que denunciemos a los jueces corruptos, por perdida que parezca la causa. Por otro lado, es imperativo que las fiscalías provinciales tomen en serio las denuncias por prevaricato hechas en contra de jueces, las cuales lamentablemente a menudo quedan olvidadas en sus despachos. Y finalmente la ciudadanía debe dejar de creer que la corrupción judicial es un problema que afecta solo a unos pocos, sino que es parte de ese cáncer institucional que nos condena al subdesarrollo. Solo cuando exista una demanda social real podremos cambiar las cosas y limpiar los palacios de justicia de nuestro país. (O)
