El presidente Daniel Noboa acudió a la cumbre mundial minera de Toronto, Canadá, e hizo bien en hacerlo. Algunos se niegan a aceptarlo, pero cumple un rol de relacionista público a nivel internacional. Si se quiere atraer inversión es necesaria su presencia en esos foros para proyectar una imagen positiva del país. Hay quienes no le dan importancia, pero la reputación del Ecuador en términos de seguridad jurídica y seriedad en el cumplimiento de obligaciones contractuales del Estado está muy venida a menos.
Como resultado, se informó de compromisos de inversión en proyectos mineros por 4.800 millones de dólares. Y para que no sea un mero espejismo, tal como ha sucedido, en el pasado, a las 48 horas de su regreso el Ministerio de Energía y Minas (MEM) expidió un Manual de Consulta Previa que regulará el manejo de este tema que se ha convertido en un verdadero obstáculo para el progreso de las actividades extractivas, sujetas a procesos de socialización con las comunidades involucradas.
El anterior Gobierno quiso regular esta garantía constitucional a través del Decreto 754, pero la intervención de la Corte Constitucional progre primero lo suspendió y después lo acotó para el caso particular de las industrias petrolera y minera, de modo que su utilidad ha sido nula. Y como los proyectos de ley de consulta previa y además de licenciamiento ambiental, están sujetas a un trámite de incierto plazo en la Asamblea Nacional, el citado manual procura ganar tiempo definiendo las reglas del juego aplicables, al menos de forma provisional.
Sin duda un adelanto, toda vez que el ambientalismo, igualmente progre, se ha dado modos de utilizar la consulta previa como un medio para paralizar los proyectos extractivos, incluidos los procesos de licenciamiento ambiental que se han acumulado, sin resolución durante años.
Entretanto, el país se empobrece por la falta de aprovechamiento de sus riquezas naturales, lo que contrasta con la decisión de Noruega de explotar su fondo marino para obtener nuevos recursos mineros, así como las novedades de que China ha descubierto el mayor yacimiento petrolero mundial en una prospección de costa afuera y que Estados Unidos ha alcanzado un récord histórico de producción de crudo de más de 13 millones de barriles diarios. ¿Y Ecuador? Aún sin definir entre la moratoria de 5 años o el cierre del campo ITT, producto de una consulta insensata.
En todo caso, el Manual brinda una señal alentadora del Gobierno respecto a priorizar la minería formal. Aclara que la consulta previa no tendrá carácter vinculante y que el MEM, no el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que está totalmente desbordado con la aprobación de licenciamientos, sea el responsable de los procesos respectivos que podrían ser tercerizados a fin de agilizarlos. Una decisión política de gran impacto.
El pendiente que debería complementar esta política pública es la reapertura del catastro minero, que fue cerrado en 2018. El contrato para transformar su obsoleto sistema de registro analógico por uno digital está prácticamente listo; y la empresa preliminarmente escogida ha realizado el mismo trabajo en Chile y Perú. No cabe seguir perdiendo tiempo. (O)
