“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Este es el artículo 5 de nuestra Constitución, incluido por la Asamblea de Montecristi con el propósito de elevar a rango constitucional la decisión del entonces presidente Rafael Correa de cerrar la llamada “Base de Manta”. Según el texto, esta prohibición buscaba resguardar la seguridad de Ecuador bajo la premisa de ser un “territorio de paz”, supuestamente incompatible con la presencia de militares extranjeros en el territorio. En otras palabras, prohibir la presencia de países como Estados Unidos en bases militares en Ecuador se prometió como una medida para proteger nuestra soberanía y asegurar que el país continúe siendo un “territorio de paz”.
Dieciséis años después, la ironía de estas palabras es evidente. Lejos de ser un “territorio de paz”, Ecuador es ahora uno de los países más violentos de la región, con la mayor tasa de homicidios en América Latina. Aunque varios factores nos han llevado a esta situación, uno de ellos fue, sin duda, la nefasta decisión de cerrar la Base de Manta. El Puesto de Operaciones Avanzadas de Manta (FOL, por sus siglas en inglés) era una de las estructuras militares más importantes de América Latina en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada. Las consecuencias de cerrar un centro militar de esta magnitud eran previsibles. En 2009, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador, pronunció palabras que hoy suenan proféticas: “La inseguridad, con la salida de la base, va a afectar a todo el proceso que se venía siguiendo por parte de EE. UU. en la región con relación al combate al narcotráfico (...), este tipo de estrategia que utilizan las FARC les beneficia, porque si les sacan todas las bases norteamericanas del contexto regional, indudablemente les va a facilitar el manejo del narcotráfico en la región”.
Sin embargo, los vientos han cambiado de rumbo y se vuelve a poner sobre la mesa derogar o reformar el artículo 5 de la Constitución para permitir, nuevamente, que opere en nuestro territorio una base similar. ¿Y la soberanía? Pura patraña. Un pueblo es verdaderamente soberano cuando sus miembros tienen el poder de controlar el destino de su comunidad. Ser soberano es ser dueño de su futuro. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que Ecuador es hoy menos soberano que hace dieciséis años.
Una nación gobernada por narcos, donde el terrorismo y la extorsión son parte de la vida cotidiana, no puede considerarse soberana. Lejos de fortalecer nuestra soberanía, el cierre de la Base de Manta la debilitó. Ecuador solo será un país soberano cuando logremos desterrar a las mafias que hoy controlan el futuro de cientos de miles de ecuatorianos a través del miedo y la intimidación. Solo cuando nuestras calles sean seguras, nuestros ciudadanos libres de extorsión y nuestras escuelas estén limpias de drogas podremos ser verdaderos dueños de nuestro destino y afirmar con orgullo que Ecuador es un “territorio de paz”. (O)
