En las últimas décadas, América Latina ha enfrentado un peligro creciente en sus procesos electorales: la presencia del crimen organizado. Desde México hasta Ecuador, pasando por Guatemala y Colombia, los grupos criminales han encontrado formas de infiltrarse en la política, corrompiendo el proceso democrático y socavando la confianza ciudadana.
En México, por ejemplo, los narcotraficantes han utilizado la violencia, intimidación y el financiamiento de candidaturas para influir en los sufragios. Esto lo reseña la periodista mexicana Anabel Hernández en su libro La historia secreta-AMLO y el cartel de Sinaloa: “En la campaña presidencial de 2006, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; Ismael Zambada, García, el Mayo; y Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, contribuyeron conjuntamente con al menos 25’000.000 de dólares al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador... –Pescado Feo– (apodado así públicamente)”.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) informó que en las elecciones presidenciales de 2019 de ese país hubo casos de financiamiento de grupos criminales a campañas y de intimidación a candidatos y votantes.
En Colombia, los grupos armados ilegales (FARC y ELN) influyeron en procesos electorales mediante la violencia, la intimidación y la corrupción (informe OEA, sobre elecciones presidenciales de 2018).
En Ecuador hay datos del supuesto financiamiento ilícito en las elecciones del 2006. Según el diario El País de España, un jefe de las FARC, Jorge Briceño –alias Mono Jojoy–, aseguró que la guerrilla financió la campaña presidencial de Correa.
En los comicios del pasado 9 de febrero, nuevamente se escucharon los rumores que circularon en las elecciones del 2017 en Manabí, respecto a la compra de votos cerca de recintos electorales rurales, con el pago al votante previa exhibición de la foto tomada con el celular a su papeleta de votación… con la decisión.
La confidencialidad o secretismo del voto es tanto un derecho como una obligación del sufragante. Como derecho, le garantiza la emisión de su voto sin temor a represalias, intimidación o coacción, y que su decisión sea verdaderamente libre y voluntaria. Como obligación, el secreto del voto implica que el ciudadano deba mantener confidencial su decisión, sin revelar a nadie cómo ha votado. Esto es esencial para asegurar la integridad del proceso electoral y evitar la manipulación o la coacción del votante.
En este sentido, la garantía del secreto del voto es forzosa para la democracia representativa. Por ende, la medida para impedir tomar fotos de una boleta electoral también es legítima para proteger la reserva y libertad del voto. Prevendría la coacción o la compra de votos y otras formas de manipulación. En muchos países, incluyendo México, es considerado un delito electoral fotografiar la boleta electoral marcada antes de introducirla en la urna.
En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral tiene la atribución de garantizar que no se violente el secreto del voto, evitando fotografiarlo antes de su depósito en la urna. Hay como hacerlo con FF. AA. (O)
