Tal vez tú eres uno de los que han recibido una multa por exceso de velocidad tomada por un radar en la carretera bajo dudosas circunstancias.
La seguridad vial debería ser el pilar fundamental de cualquier política de tránsito. Sin embargo, en Ecuador, la operación de radares pareciera haber desviado esta prioridad hacia un modelo de recaudación que castiga indiscriminadamente a los conductores.
Uno esperaría que las multas por exceso de velocidad se invirtieran en infraestructura o en campañas de educación vial, no obstante, la realidad muestra que gran parte de los fondos recaudados van a parar a manos de las empresas privadas que gestionan los radares en el país. Mientras tanto, los ciudadanos pagan el precio de un sistema mal diseñado, con dispositivos que a menudo están mal calibrados o ubicados estratégicamente para maximizar las multas, no para evitar accidentes.
Los radares pueden ser una herramienta valiosa en el esfuerzo de proteger la vida de los ciudadanos, siempre que se ubiquen en zonas con una alta incidencia de accidentes comprobada, en tramos rectos y áreas urbanas densas, como está claramente normado en países como Chile y Perú, donde incluso se especifica la imposibilidad de instalar estos aparatos en curvas con radios menores a 200 metros y en pendientes con inclinaciones superiores al 5 %.
En un contexto económico difícil como el que vivimos, resulta inaceptable cargar a los ciudadanos con multas sospechosas que van desde los $ 150 en adelante.
Es evidente que el modelo ha fallado, y no solo en términos de la ubicación y calibración de los radares. Ha fallado en su misión principal: hacer las carreteras más seguras. Si los radares no logran disminuir la accidentalidad, si no se invierte en una mejora de la infraestructura vial, y si la única función parece ser recaudar, entonces estamos ante un sistema que necesita una reforma urgente.
Por eso se celebra la decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y su ministro, Roberto Luque, de exponer esta situación y clausurar radares instalados sin cumplir con los criterios técnicos adecuados.
Esta medida pone fin a un abuso que aliviará la situación de miles de conductores, transportistas y trabajadores que dependen de las vías para su sustento y han sido injustamente castigados.
Pero no hay que dejar de ver el trasfondo del tema: la seguridad. La solución a largo plazo pasa también por nuevas estrategias de educación vial. Un sistema basado en castigos no educa, solo penaliza. Como sociedad, debemos entender que la verdadera seguridad vial se construye desde el conocimiento y el respeto a las normas y a los otros, no desde el miedo a ser multados, y ese es un tema cultural. No podemos depender solo de un Estado para solucionar nuestros problemas de convivencia. Si bien ellos tienen la obligación de promover y educar sobre mejores prácticas, cada uno debe también abrir las conversaciones en la familia y espacios sociales que nos lleven a no solo tener una mejor actuación en las vías, sino entender temas de valores, abusos, respeto y convivencia, cosa en la que al parecer vamos a baja velocidad. (O)
