La Constitución de nuestro país establece que es deber del Estado “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción” (art. 3), y también determina que son deberes y responsabilidades de los ciudadanos “denunciar y combatir los actos de corrupción” (art. 83.). Junto al amparo de esta norma, es fundamental reflexionar que los recursos económicos y materiales mal usados en el cabildo no es un robo al alcalde o a sus concejales, es un robo a los recursos de Quito.
Yunda ha sido removido de su cargo, frente a las diversas denuncias de corrupción que van desde delitos de peculado, respecto a la adquisición de cien mil pruebas PCR para la detección del COVID-19, hasta acusaciones sobre proceso de repavimentación, irregularidades en la Empresa de Agua Potable, construcción del Cubeto 10, adjudicaciones en la administración del Metro de Quito. Sin embargo, es menester señalar que Yunda ni el vicealcalde y concejales terminan por comprender que Quito reclama justicia y transparencia. Hasta ahora, nada se ha dicho de cuál fue el rol de la Comisión de Salud integrada por los concejales Brith Vaca, Analía Ledesma y Juan Manuel Carrión, frente a la adquisición de las pruebas rápidas. Lo único que Quito observa es cómo algunos concejales buscan aprovechar la oportunidad para reemplazar al alcalde y manejar la ciudad en su beneficio, usando la supuesta lucha contra la corrupción sujeta al interés de sus partidos y no de los quiteños.
Es necesario que todos los involucrados en actos de corrupción rindan cuenta ante la administración de justicia. Quito merece respeto, los quiteños estamos indignados frente a los corruptos que, en medio de la pandemia, han robado sin descaro los dineros públicos, mientras cientos de miles de ciudadanos han sufrido los embates de la pandemia, así como la pérdida lamentable de familiares por la deficiente infraestructura hospitalaria o por cercos epidemiológicos que nunca funcionaron ya que fueron levantados mediante pruebas falsas.
Resulta imprescindible que la Fiscalía acelere los procesos de investigación, que Contraloría realice de manera urgente los exámenes especiales necesarios a todos los contratos de este periodo y que la ciudadanía estemos vigilantes de nuestros recursos, está bien investigar y buscar la respectiva sanción al alcalde, pero también a su círculo, gerentes, secretarios y los concejales integrantes de los directorios de las empresas metropolitanas y de comisiones vinculadas en hechos de corrupción.
Repensar una ciudad diferente es urgente, donde el silencio de espacios estratégicos se rompa como es el caso de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, denominada Quito Honesto, dependencia que no ha cumplido los objetivos de prevenir e investigar los hechos de corrupción, quienes la dirigen se han convertido en cómplices por omisión y le cuesta a la ciudad aproximadamente un millón de dólares cada año, recursos que, desde varias perspectivas, podrían ser destinados para reabrir los Guagua centros, que atendían a miles de niños y niñas de los sectores populares, eliminando dicha comisión que no ha cumplido con su labor. (O)