La comisión encargada de presentar una propuesta para solucionar el gravísimo problema de la seguridad social ecuatoriana, en especial el del IVM, Fondo de Invalidez vejez y muerte, ha concluido su trabajo, y ha presentado a la sociedad ecuatoriana una propuesta que abre un camino de rescate de esta vital herramienta de justicia social y de equidad.
El IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) tiene servicios de salud para los afiliados y sus familiares, y tiene un sector o división que se encarga de las pensiones de los jubilados y de las cesantías.
El IVM está actuarialmente quebrado. Sus finanzas son insostenibles. Aunque el Estado le pagara todo lo que le debe (cosa imposible, pues no hay fondos para ello), y aunque el Estado aporte a futuro el 40 % del valor de las pensiones (cosa también inviable fiscalmente), el IVM seguiría teniendo un déficit básico de operación, con lo cual no alcanzaría a pagar las pensiones de los jubilados.
Muchas son las causas para esto. En primer lugar, la absurda disposición legal que obliga al Estado a aportar ese 40 %, y el Estado no tiene fondos. En segundo lugar, una crisis fiscal permanente, que se da por mantener subsidios regresivos y una baja carga fiscal, que hace que los gobiernos hayan echado mano de los recursos del IESS para colocarle bonos. A su vez, como en el Ecuador las tasas de interés son controladas e irreales, y como no se negocian los bonos del Estado transparentemente, sino que se los coloca a la fuerza en organismos del Estado, esos papeles no tienen mercado, y por lo tanto, el problema fiscal convertido en bonos que se obligó al IESS a adquirir, se transforma finalmente en crisis del mismo, que no puede de ninguna manera hacer líquidos esos papeles.
En tercer lugar la demagogia y el populismo, que a través del tiempo han ido generando una serie de prebendas absurdas, el 100 % del último salario, como aportar sobre 12 salarios para recibir luego como jubilado 14 mensualidades, como permitir que el afiliado se jubile con el promedio de los mejores 5 años de aportación, que es totalmente ilógico. La baja edad de jubilación en ciertos casos es también un problema.
La colectividad ecuatoriana está puesta a prueba: si no logramos un diálogo serio, demostraremos que preferimos morir...
Finalmente las realidades demográficas nuevas, que son implacables en hacer muy crítica la relación aportantes/jubilados.
El estudio realizado por la comisión busca como resolver los problemas en la forma menos dolorosa posible, respetando los derechos adquiridos de los jubilados.
Ya salieron voces que sin haber leído o estudiado el documento se han opuesto “por definición”, por “adn”. Estas posturas son absurdas. El país debe estudiar esta propuesta, y entender que si el tema de la seguridad social no se resuelve, puede arrastrar a toda la sociedad a una crisis de incalculables proporciones, con implicaciones económicas, políticas y sociales sencillamente impredecibles.
La colectividad ecuatoriana está puesta a prueba: si no logramos un diálogo serio, demostraremos que preferimos morir a sobrevivir, y que por lo tanto tenemos algo en nuestro país que nos hace absolutamente irracionales y que sería imposible explicar. (O)