Este año fui profesora de “Política comparada”. El libro ¿Por qué fracasan los países? fue lectura obligatoria en el curso. Me fue muy grato conocer la noticia de que el Premio Nobel de Economía este año fue otorgado a Daron Acemoglu y James A. Robinson, autores del libro. Lo ganaron por sus estudios empíricos y teóricos que exploran las diferencias en la prosperidad de las naciones.
El libro empieza haciendo una descripción de la ciudad de Nogales, que está dividida por la frontera entre México y Estados Unidos. Teniendo las mismas condiciones geográficas y culturales, el lado estadounidense es bastante más próspero.
Los nobel atribuyen la diferencia al tipo de instituciones establecidas en ambos lados de la frontera. Para ello hacen una distinción entre instituciones inclusivas y extractivas. Las inclusivas garantizan el derecho de propiedad de manera extendida y amplios derechos políticos; aquí gobierna el estado de derecho. Las extractivas forman sistemas diseñados para beneficiar a una pequeña élite que sobrevive gracias a la extracción de recursos al resto de la población; no existe el estado de derecho. La investigación de los nobel ha demostrado cómo los países que históricamente han disfrutado de instituciones inclusivas, han tenido unos niveles de desarrollo socieconómico mayores que los de los países con instituciones extractivas.
La investigación de los galardonados tiene importantes implicaciones para los responsables políticos. En Ecuador, gracias a la Constitución de Montecristi, los sectores estratégicos deben estar en manos del Estado. Claramente, esto no está funcionando. Empecemos por el petróleo cuya producción ha venido bajando desde el 2014 y eso solo es atribuible a los escasos incentivos de crecimiento de Petroecuador y a la falta de capital privado. Además, y este factor enriquece el argumento de los autores, que en el 2023 se preguntó a la ciudadanía si había que cerrar o no el pozo petrolero del ITT. Independientemente de la respuesta, que sí es grave, la sola pregunta es una violación a la institucionalidad puesto que cualquier contrato entre el Estado y petroleras privadas que existía previo a la consulta, se vio afectado por ella. Así, se dejó al país abierto a demandas y se destruyó una vez más la seguridad jurídica y confianza de inversionistas.
Ahora tomemos el caso un Ecuador del siglo XXI sin energía eléctrica. En otros países la gente elige su empresa eléctrica de confianza, así como elige su proveedor de internet o de telefonía celular. Sospecho que, de haber uno o dos apagones, la gente optaría por otra empresa sin pensarlo. Una empresa eléctrica privada tiene los incentivos correctos para hacer las inversiones adecuadas, en el momento apropiado y sin sobreprecios ni préstamos usureros. Tuvimos que pedirle la mano al sector privado de un país vecino como medida reactiva porque a los privados del nuestro no les es permitido participar en este sector.
Deberíamos de estar buscando el desarrollo, no el horario del próximo apagón.
¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué tenemos apagones en el 2024? La respuesta es la misma: falta de institucionalidad. (O)
