Recientemente el Gobierno expidió el decreto sobre el Reglamento a la Ley de Lavado de Activos, en respuesta a las observaciones del último Informe de Evaluación Mutua a Ecuador de GAFILAT1 2023, en el que se determinó “un nivel de riesgo general de lavado de activos de carácter medio-alto”. También atendiendo a la Guía de Estandarización, desarrollada con el apoyo de la UNODC2 de diciembre de 2025, sobre la información que las instituciones del sistema financiero trasladarán a la Fiscalía.
Entre otras, el decreto incorpora: (I) reporte de operaciones y transacciones individuales (o múltiples) por un monto igual o superior a diez mil dólares, realizadas con una misma persona dentro de treinta días; (II) coordinación interinstitucional (SB, SEPS, SCVS, FGE, UAFE, BCE, SENAE, PN); (III) comités especializados para prevención, riesgos e investigación; (IV) niveles para sanciones administrativas; (V) canal seguro de denuncias ciudadanas; (VI) sistema de información SISLAFT.
El último Informe de Tipologías Regionales 2025 de Gafilat insiste en acciones complementarias, puesto que las organizaciones criminales continúan haciendo uso de testaferros, fraccionando dinero (ilícito) en múltiples transacciones (pitufeo), operaciones de comercio exterior, activos virtuales indebidos e interviniendo a intermediarios con acceso a servicios financieros (gatekeepers). Concluye que el sector financiero continúa siendo el más explotado por las organizaciones criminales, seguido por servicios notariales, compraventa de vehículos y bienes inmuebles. Predominio del uso de cuentas (ahorros y corrientes), efectivo y transferencias financieras internacionales.
El FMI, como una medida para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, ha venido sugiriendo “establecer marcos eficaces de gestión de riesgos, salvaguardar las medidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, y ha vuelto a insistir en la “actualización de perspectivas de la economía mundial” (enero de 2026).
Frente a los nuevos diagnósticos indicados, el hecho de que en 2025 Ecuador tuvo registros históricos de inseguridad y violencia (INEC, homicidios intencionales: 9.216) y que la ejecución de alias Mencho reestructurará al cártel Jalisco Nueva Generación impactando negativamente en la violencia de la región y Ecuador (Los Lobos), el éxito en la gestión interinstitucional continúa requiriendo en el país un “plan integral de lucha contra el terrorismo”, preventivo, que incluya inversión sostenida en recursos humanos y tecnológicos, actualizando las 40 recomendaciones del GAFI y un cronograma realista de implementación de estándares internacionales, como (I) generación de sistemas digitales para procesos y pagos; (II) incorporación de modelos de IA elevando normas de ciberseguridad para reporte de operaciones inusuales, con análisis de patrones de lavado de activos, detección de anomalías e integración de bases de datos (observando estándares DORA); (III) adopción completa y ordenada del enfoque basado en riesgos con mejor experticia de los sistemas de cumplimiento y debida diligencia. (O)
