El 31 de octubre del 2022 el gobierno del presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado del 2023 con un monto total de $ 31.503 millones. El Gobierno nacional ha planteado tres objetivos generales para el 2023 que radican en: a) Mayor inversión social; b) Mayor presupuesto para universidades y Gobiernos Autónomos Descentralizados; c) Reducción del déficit fiscal. Del mismo modo se tienen en consideración cinco supuestos macroeconómicos que son: a) Precio promedio del barril de exportación de petróleo en 65 dólares americanos; b) Crecimiento real del PIB en un 3,1 %; c) Inflación acumulada de máximo 2,55 %; d) Volumen de producción fiscalizada de petróleo en 188 millones de barriles; e) Un PIB nominal de 122.369 millones.

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador. En este instrumento fiscal están los ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.), pero también están los gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, entre otros). De acuerdo con el Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la presentación de la información de la programación fiscal del sector público se hace bajo el esquema ahorro-inversión-financiamiento. Es decir, los ingresos y los gastos se registran en un componente conocido como “sobre la línea”, mientras que el lado del financiamiento se los registra “bajo la línea”.

Tomando en consideración lo proyectado en el apartado “sobre línea” tenemos que los ingresos totales serán de 23.662 millones aproximadamente, de los cuales cerca del 78 % son ingresos permanentes provenientes de varios rubros entre ellos de las ganancias, por ejemplo, de los sectores estratégicos en venta de energía, petróleo, entre otros. Bajo este rubro y sin medir la eficiencia, ¿es necesario concesionarlos? De la misma manera, los gastos del Estado que incluyen líneas del PAC para todas las empresas y ministerios son de 20.000 millones, que representan el casi 87 % de los ingresos totales. Esto implica que si el Ecuador fuese un país libre de corrupción, el total de estos recursos se gastará en educación, salud e inversión social, no obstante, la realidad del país es distinta y podríamos decir que cerca del 15 al 20 % de este monto se destina a las coimas de procesos de contratación, teniendo un valor de cerca de 2.000 millones de dólares en corrupción.

Una de las consideraciones de la extinta Asamblea Nacional fue la de que se revierta la disminución del 22,84 % para obra pública. ¿Sería posible que este porcentaje se cubra con los 2.000 millones de desviación de fondos públicos? El gasto en obras públicas es de 399 millones aproximadamente, y el 22,84 % de ese valor es inferior a lo que presumiblemente se destina a los grandes operadores del estado. Bajo esta premisa, muchas carreteras como la E15, la vía Esmeraldas-Quinindé, entre otras, pudiesen ser arregladas y hasta reconstruidas. Otro aspecto que no se cumplió fue el de ajustar el Plan Anual de Inversiones, para dar solución a la falta de pago del incentivo jubilar. (O)